Dos manifestaciones aberrantes penadas por la Ley de Abuso Sexual de Menores, sean estos miembros de la misma familia o no, ocurren periódicamente, con tendencia al alza. Cuatro sentencias de culpabilidad han recién sido emitidas por el juzgado sampedrano en contra de cuatro hombres que han utilizado la fuerza, la autoridad paterna, el engaño, el secuestro, las amenazas, para saciar sus depravados instintos.
Sus nombres y fotografías aparecen en nuestra edición del jueves 10 del corriente mes.
Nuestras niñas, niños, adolescentes están expuestos al acecho, la manipulación, el tráfico con fines sexuales, el turismo sexual, la prostitución y pornografía infantil por parte de bandas delictivas con vínculos dentro y fuera del país, que explotan y se lucran de la situación de indefensión, vulnerabilidad, pobreza de las víctimas y su entorno familiar.
La protección jurídica estatal en la defensa de los derechos de la niñez y juventud resulta insuficiente, tanto en los componentes normativos como procesales, y debe ser complementada por organizaciones no gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil de manera coordinada, tanto en lo preventivo e investigativos como en la implementación de políticas de atención, rehabilitación de las víctimas y la sanción de los y culpables.
Subsiste en ciertos sectores poblacionales, incluso en instituciones obligadas a la protección de la niñez y juventud, la utilización de argumentos que culpabilizan y estigmatizan a las víctimas y no a los victimarios, por falta de una visión social y legal integral, con lo que se generan sentimientos de culpa entre los abusados, minando su autoestima y su confianza en ser auxiliados pronta y eficazmente.
El abordaje de esta problemática debe ir más allá del mero asistencialismo, para el estudio y el enfrentamiento de las causas estructurales de la violencia en contra de nuestra niñez y juventud, empleando políticas y estrategias multidimensionales.
Los medios de comunicación estamos obligados a denunciar estos hechos cada vez que se perpetran, al igual que a la prevención, combate y erradicación, sensibilizando a los diversos estratos sociales respecto a esta grave y dolorosa explotación de la inocencia y vulnerabilidad de nuestros infantes y jóvenes, en abierta violación a sus derechos humanos, consignados tanto en nuestra Constitución política como en la legislación secundaria.
