Ante los ataques, hasta ahora verbales pero que pueden escalar con hechos de mayor intensidad, en intento por silenciarnos, promovidos desde el actual Gobierno, tanto por sectores civiles como castrenses, estamos obligados ética y moralmente a continuar con la misma política editorial y noticiosa que ha caracterizado desde su fundación a este rotativo y al colega capitalino El Heraldo: investigar exhaustivamente la noticia y, una vez confirmada, divulgarla al pueblo hondureño y a la comunidad internacional, sin mediar compromisos ni componendas de ningún tipo, solamente con el derecho y deber de informar la verdad de manera objetiva y transparente, sin transar con quienes desean que nos llamemos a cómplice silencio, lo que significaría el claudicar con nuestra misión y propósito implementados desde el primer número publicado hasta el presente.
Recuérdese que ya en 1968, durante la gestión del general Oswaldo López Arellano, este diario fue intervenido y clausurado, amenazando con la deportación a su propietario don Jorge J. Larach, quien no cedió ante el evidente chantaje, persistiendo en la firmeza de sus convicciones personales e institucionales. Tal funesto antecedente se intenta reeditar de nueva cuenta, en una reedición de lo ocurrido en aquella fecha.
Hemos recibido múltiples expresiones de solidaridad, que mucho valoramos y agradecemos, incluyendo la proveniente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que en su comunicado recuerda que “los funcionarios públicos deben respetar el derecho de los medios a informar y opinar libremente sin presiones ni descalificaciones que pueden menoscabar la libertad de expresión”.
Estamos ciertos y seguros de que transitamos por la ruta correcta y en ella continuaremos, apegados a la normativa de nuestra Constitución Política, que asigna igualdad de deberes y derechos a todos los compatriotas, sin distingos de estatus social y económico, rango y posición.
Quienes pretendan y aspiran violar la Ley Fundamental de la República de Honduras, para imponerse y posicionarse con total impunidad para administrar nuestro país a su gusto y antojo, no lograrán su propósito. Nuestro pueblo, una vez más, demostrará su civismo y valentía cuando se ha tratado de superar crisis políticas que pretenden desestabilizar y debilitar nuestro sistema democrático, imperfecto pero aún con vida, hasta extinguirlo e instaurar la tiranía absolutista.
Aseguramos, tanto a la comunidad nacional como internacional, que no lograrán acallarnos ni intimidarnos. La justicia está de nuestro lado, no de los agresores, y continuaremos con la verdad y el honor como escudos protectores.
