Tanto de hecho como de derecho. Cualquier atisbo de duda que aún se abrigara queda absoluta y totalmente refutado con la declaración del copresidente de la hermana nación, Daniel Ortega, en el sentido de que “aquí no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (la oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder”.
Durante la prolongada dictadura de los Somoza, padre e hijos, al menos se respetaba la forma, mas no la esencia, del sistema democrático, si bien de antemano se sabía por propios y extraños cuál sería el resultado electoral. Tanto ayer como hoy se pisotean las reglas del juego, incluyendo el principio fundamental de alternabilidad en el ejercicio del poder.
Una dinastía reemplazó a otra a partir cuando menos del 2017, para disfrutar -una familia y sus cercanos allegados, civiles y uniformados- de los diversos privilegios derivados de la permanencia indefinida en la presidencia de la República, el Legislativo y el Judicial.
Para consolidar tal hecho, se acude a la represión -tanto masiva como selectiva-, la cancelación de la nacionalidad, la deportación, el confinamiento en calabozos y mazmorras, la censura de la prensa independiente, recurriendo tanto a la fuerza militar y policial como a bandas paramilitares a cargo de silenciar y castigar a las fuerzas opositoras al régimen que, pese a la avalancha represiva, conservan un admirable sentido de valor cívico que debe ser protegido por la comunidad internacional antes que sea demasiado tarde.
La ofensiva represiva incluye tanto a civiles como a religiosos, a indígenas como a intelectuales, abarcando a personas que militaron en el partido sandinista de manera destacada.
El cogobierno Ortega-Murillo ha emprendido una carrera armamentista, adquiriendo cada vez más elementos bélicos y pertrechos de guerra vendidos por Rusia, para evitar que el heroico pueblo nicaragüense efectúe protestas masivas a lo largo y ancho de la nación. Cualquier intento justificativo gubernamental para pretextar la inminencia de ataques armados provenientes del exterior carece totalmente de verdad. Los hechos y las realidades hablan por sí mismos.
La existencia de la dictadura y el totalitarismo en Nicaragua de ayer y de hoy merece la condena de todo país regido por un sistema democrático, tanto en América como en el resto de continentes.
Honduras no puede mantenerse indiferente ante lo que sucede en la tierra de los lagos y volcanes. Como miembro de la comunidad democrática de naciones, debe permanecer en estado de alerta ante lo que está ocurriendo en el país con el que compartimos 966 kilómetros de frontera terrestre, desde el centro del golfo de Fonseca hasta el cabo Gracias a Dios.
La Historia demuestra que ningún sistema dictatorial es eterno; llega el momento en que los pueblos dicen ¡basta! y se levantan para recuperar su libertad y dignidad mancilladas, recuperándolas para intentar encontrar su propio destino ya sin ningún tipo de imposiciones ni cadenas.
Elegir y ser electo de manera libre y secreta, sin coacciones ni restricciones, constituye un derecho humano inalienable. Quien intente restringirlo o condicionarlo incurre en delito electoral que merece sanción.
