Reviste carácter prioritario que el recientemente instalado Congreso Nacional inicie una serie de cambios en la vigente legislación electoral, con el propósito de evitar —de nueva cuenta— la serie de denuncias, reclamos y cuestionamientos en torno a los resultados tanto de las concluidas elecciones de noviembre de 2025 como de las anteriores.
Se requiere recuperar la confianza ciudadana y su convicción de que el sistema democrático, aun con sus falencias, es la mejor alternativa política hasta ahora elaborada por los teóricos del Derecho y la Ciencia Política, y puesta en práctica por los partidos que han accedido al poder.
Nuestros distintos organismos electorales deben ser despolitizados, con total autonomía, integrados por compatriotas independientes, cuya lealtad radique en el cumplimiento estricto de la normativa electoral y no en las órdenes emanadas de políticos.
Su capacitación en la compleja mecánica inherente a los tres niveles electorales debe ser integral y con la debida anticipación, a efecto de estar preparados para cualquier eventualidad que surja en el curso del proceso.
Ya no más activistas partidarios en la integración del Consejo Nacional Electoral, el Tribunal de Justicia Electoral y demás dependencias, reemplazados(as) por personal absolutamente neutral, despojado de sectarismo político, exento de compromisos, favores y lealtades partidarias. La gran mayoría de la ciudadanía, independientemente de su filiación partidaria, apoya tales reformas. Ello no puede ser ignorado por las y los parlamentarios.
La segunda vuelta, cuando ninguno de los candidatos(as) alcance el 50 % del total de votos emitidos, así como la ciudadanización de las mesas, juntas receptoras de votos y juntas especiales de verificación y recuento, deben estar incluidas en la agenda del actual Congreso Nacional.
Se requiere de suficiente capacidad de concertación entre las diferentes bancadas para que dichas reformas sean aprobadas, en primera instancia, por dos terceras partes de las y los legisladores, es decir, 86 del pleno.
Las irregularidades detectadas en este más reciente torneo cívico se iniciaron con las elecciones primarias, incluidos los injustificados retardos en la entrega del material requerido para iniciarlas. El desempeño del CNE adoleció también de un elevado porcentaje de actas con inconsistencias que afectaron el conteo y el recuento, las cuales ya no deben repetirse, a fin de ofrecer a partir de ahora resultados totalmente transparentes, legítimos y verificables.
Debe analizarse si las Fuerzas Armadas deben continuar siendo o no las garantes del proceso electoral —responsabilidad de naturaleza política—, lo cual desvirtúa lo consignado en la Constitución: ser apolíticas, obedientes y no deliberantes.
