Previo a las elecciones generales, la empresa privada aplaudió la propuesta de campaña que presentó la alianza opositora que logró llevar a la Presidencia a Xiomara Castro de Zelaya. Había satisfacción sobre todo con la promesa de que no tenían en planes crear “ni un solo impuesto al pueblo hondureño, ni al sector productivo, ni comercial, ni mucho menos a los pobres”, como se los expuso la propia candidata a los dirigentes del sector tres semanas antes de las votaciones. Según los reportes periodísticos, la entonces candidata aseguró que “más bien cancelaré muchos de los impuestos que han afectado al consumidor final y la competitividad del sector empresarial...”.
En sus comparecencias, Castro y su equipo hablaron de la necesidad de “concertar una forma tributaria que disminuya la desigualdad en el pago de impuestos” y se comprometieron a que el nuevo Gobierno y la empresa privada trabajarían de la mano para que se “revisen, se adecuen y cancelen las exoneraciones fiscales, especialmente aquellas que se han convertido en privilegios y no en incentivos para la inversión”.
Esa promesa choca con la iniciativa de la Secretaría de Finanzas que recién ha pedido reformar la Ley del Impuesto sobre Venta (ISV), suprimiendo exoneraciones —exenciones, dicen economistas— en la construcción, intermediación financiera, turismo y actividades inmobiliarias, sectores sensibles a las condiciones económicas y al clima de confianza.
De aprobarse esa iniciativa, se va a golpear con fuerza a uno de los tres rubros que son los mayores generadores de empleo masivo en Honduras: la construcción. Al aplicar el ISV a la compra de viviendas, señalan los desarrolladores, se contraerán empleos y se destruirán las intenciones de miles de familias que esperan hacerse de su casa, contrariando la obligación del Estado de bajar el déficit de viviendas.
Para evitar que el clima de incertidumbre afecte el ritmo de los proyectos inmobiliarios, los empresarios ofrecen al Gobierno apoyar otras alternativas, que se eliminen las exoneraciones que no aportan a la productividad y se haga un esfuerzo, como se ha prometido, para reducir el gasto del Gobierno en empleos innecesarios y en los salarios que se pagan.
Todos debemos apoyar a la nueva administración en su cruzada por ordenar las finanzas del Estado, como se ha comprometido la ministra Rixi Moncada. Somos conscientes que hay que ajustarse a la realidad; pero hagámoslo bien, sin que la clase media sea aporreada cada vez que no salen las cuentas en una burocracia obesa y excesivamente costosa.
