Pese a que, con justa razón, son los grandes escándalos los que ocupan la atención de los ciudadanos y medios de comunicación, el pago de sobornos a empleados y funcionarios públicos, en los niveles bajos e intermedios, es una práctica tan extendida e indeseable que persiste como medio para acelerar los procesos administrativos de una burocracia lenta y exasperante. Combatir esa “corrupción silenciosa” debe estar entre los planes del nuevo Gobierno y el camino es asegurarse de mejorar la atención en los servicios públicos.
Porque la burocracia no solo es obesa en Honduras, sino ineficiente en instituciones que dificultan tareas haciendo engorrosos los trámites a usuarios que terminan echando mano a un mal remedio: pagar para que le ayuden. Así lo hacen, sobre todo, propietarios de negocios que necesitan permisos, licencias y aprobaciones, hondureños y extranjeros que tienen en la burocracia un enorme obstáculo cuando deciden invertir. Ese problema lo resuelven con sobornos a empleados inescrupulosos y, al hacerlo, promueven la corruptela y el daño al sistema.
Entonces, junto al desafío de reducir la burocracia está el reto de simplificar esos trámites administrativos y depurar la mora que tienen instituciones que no avanzan al ritmo de la demanda y necesidades del país, dando espacio para que se cometan estas irregularidades. Esa carga debe aligerarse cuanto antes en las oficinas públicas, con gerentes, directores y ministros íntegros, pero que sean eficientes y capaces.
En el rubro de la construcción, los atrasos en los trámites tienen un alto costo financiero para los proyectos inmobiliarios que ya están impactados por la brutal alza de los materiales. Esos costos son trasladados a quienes buscan viviendas, en un mercado que ha sufrido cambios en los últimos dos años igual que en otros rubros afectados por la cuarentena derivada de la pandemia del covid-19.
La pequeña y mediana empresa también es víctima de esa lentitud burocrática y vienen reclamando la simplificación administrativa con una verdadera ventanilla única que resuelva la mayoría de los trámites. Algunos de los diputados que están pidiendo ideas de temas para llevarlas como iniciativa al Congreso Nacional, que tomen estas demandas de las mipymes y de los desarrolladores de viviendas.
Esperamos que el nuevo Gobierno le dé prioridad a la eficiencia y calidad en la atención de instituciones públicas, una fórmula segura para combatir esa “corrupción silenciosa” que no genera títulos escandalosos, pero que al final también es perversa.
