Anualmente, nuestros compatriotas negros se desplazan desde sus comunidades a Tegucigalpa para honrar a la Virgen de Suyapa en demostración colectiva de fervor religioso, cada 3 de febrero.
Este año han debido retornar a la capital el 10 del corriente mes para denunciar el incumplimiento por parte del Estado hondureño del fallo emitido el ocho de octubre de 2015 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativo al reconocimiento y protección de sus tierras ancestrales ubicadas en las comunidades de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, ampliado el 2023 para incluir a San Juan, las tres en el departamento de Atlántida.
Las resoluciones exigen que el Estado garantice el saneamiento, uso y disfrute de dichos territorios, lo que requiere del previo desalojo de los actuales ilegales ocupantes, la indemnización a quienes adquirieron terrenos actuando de buena fe, debiendo aplicar mecanismos para la integridad de dichos terrenos.
Entre las obligaciones pendientes por parte del Estado se encuentran el saneamiento efectivo de las tierras comunitarias, la creación del fondo de desarrollo comunitario como modalidad de compensación colectiva, la difusión pública de la sentencia, la regulación del sistema de registro de la propiedad para prevenir futuras usurpaciones, la garantía de consulta previa, libre e informada frente a proyectos extractivos, la investigación y sanción de los responsables de crímenes vinculados al conflicto territorial.
La dirigente garífuna Miriam Miranda concluye que “no se puede hablar de justicia mientras nuestras comunidades siguen siendo despojadas”.
También la Red Lésbica Catrachas ha presentado seis casos ante la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, con similares resultados por cuanto tampoco el Estado Hondureño ha cumplido en su totalidad con la sentencia condenatoria en el caso del asesinato de Vicky Hernández.
Darle largas a estos fallos jurídicos genera tensiones, descontentos, reclamos, que en estas situaciones aquí descritas acrecientan la posesión indebida de tierras comunales ancestrales por parte de terceras personas, que de manera ilícita se han apoderado de ellas.
