Al menos dos instituciones de educación superior ofrecen servicios legales de carácter gratuito a personas de escasos recursos que, de otra manera, no podrían contratar los servicios profesionales de abogados, por no disponer de ingresos adecuados para el pago de sus honorarios.
Se trata de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) y la Universidad Católica que, con ello, logran proyectarse hacia la comunidad, además de fortalecer su imagen institucional.
La Corporación Municipal del Distrito Central se ha sumado a esta generosa iniciativa con el Bufete del Pueblo, en las especialidades de derecho de familia, laboral, civil, penal -en la modalidad de asesoría-, administrativo, por parte de once profesionales, que asisten, además con acompañamiento, ante instituciones públicas y privadas, tribunales, Ministerio Público y otras instancias similares dentro de los límites del departamento de Francisco Morazán.
Tal ejemplo puede ser secundado por las alcaldías de otras ciudades del país, lo que beneficiaría a miles de compatriotas que, sea por desconocimiento de sus derechos o por limitantes materiales, no recurren a consultar a los despachos legales privados en procura de justicia, misma que históricamente se ha impartido con un sesgo favorable a quienes poseen influencias políticas, poder económico y privilegios inherentes a su clase social privilegiada.
De hecho, el personal de más alta jerarquía en el Poder Judicial por lo general ha mantenido vínculos con los poderes fácticos del país, con ello comprometiendo su objetividad e imparcialidad al momento de emitir sentencias.
Tal desigualdad ante la ley genera sentimientos de frustración, impotencia, alienación, desconfianza, factores que contribuyen para que se busque encontrar soluciones no jurídicas, incluso apelando a métodos violentos en la solución de conflictos y disputas: la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente; la ley de la selva, lo cual crea ingobernabilidad y rupturas en el tejido y en el pacto social.
Las experiencias acumuladas tanto por las universidades arriba mencionadas como por la alcaldía capitalina deben ser compartidas, sirviendo como modelo para otras que en el futuro piensen implementar similares programas de extensión.
Toda acción encaminada a reducir los altos índices de impunidad que prevalecen en Honduras debe ser aplaudida y replicada en todo el territorio nacional.
Es un paso para hacer cumplir ese derecho establecido en la Constitución de la República, que declara que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Es aquí que los bufetes gratuitos equilibran la balanza, permitiendo que personas en situaciones de vulnerabilidad (económica, social o de género) puedan defenderse en igualdad de condiciones frente a contrapartes con mayores recursos.
Que el fiel de la balanza de la diosa Temis llegue a mantenerse justo en el medio, sin inclinarse a ninguno de los dos extremos: ni a la diestra ni a la siniestra, y que nunca se despoje de la venda que cubre sus ojos para actuar imparcialmente siempre.
