La región hondureña más productiva, la que genera mayores ingresos al país y al fisco, la zona norteña, enfrenta una creciente crisis en el abastecimiento de energía, afectando a consumidores, empresas y comercios, con el peligro inminente de que las cada vez más frecuentes interrupciones aumenten en tiempo e intensidad de cara a la alta demanda.
La hemorragia diaria que experimenta la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) equivale a 40 millones de lempiras, resultado del hurto y redes tecnológicamente obsoletas, según las proyecciones de la misma empresa. Una situación insostenible que trata de enfrentarse mediante crecientes endeudamientos con organismos internacionales de crédito y la banca privada.
Las causales para tal realidad son varias y complejas, incluyendo la falta de combustible en las centrales de arrendamiento ante la negativa de los proveedores a venderle a la ENEE el diésel requerido, con ello afectando a diario a más de 27 subestaciones y 70 circuitos; el descenso en la producción de energía solar; la inoperatividad por mantenimiento de las subestaciones Cañaveral y Río Lindo, en tanto que otras como Bermejo, Bella Vista, Circunvalación, La Puerta, La Victoria tienen mayor número de circuitos desconectados. Los efectos de El Niño, con intensa sequía, provocando el notable descenso en la generación hidráulica; el alto costo por kilovatio hora -aproximadamente 45 centavos de dólar-, por el uso de plantas privadas incluido en los contratos firmados, careciendo de liquidez para honrarlos, agravado por las alzas en el precio internacional del petróleo, son otras de las causas que se combinan para concluir con racionamientos cada vez más intensos y frecuentes, impactando por igual en viviendas y plantas industriales.
En reciente gira por la zona norteña, el presidente Asfura, en comparecencia ante los medios de comunicación, se refirió al estado del sistema eléctrico, las inversiones que financiarán proyectos infraestructurales y energéticos, la licitación de unos 1,500 megavatios, todo ello con el propósito de ordenar el mercado energético, garantizando que las generadoras dispongan de contratos con la ENEE, procurando reducir los costos de generación, mejorando la disponibilidad del servicio, clave para el desarrollo de la economía regional y nacional.
Indicó que se ha logrado reducir el atraso en el pago de facturas a los generadores, reduciéndolo de 12 y 13 meses a entre cuatro y siete. La prolongada crisis energética merece la más alta prioridad por parte tanto de este gobierno como de los subsiguientes, debiendo ser visto en el contexto de la seguridad nacional. La reorganización del modelo eléctrico vigente durante décadas, merced a la aprobación de la Ley de Justicia Energética, que abandona el tener bajo una misma estructura la generación, transmisión y distribución de energía, ha sido un paso positivo en la dirección correcta, al separar tales funciones en empresas distintas, creando un Operador del Sistema y del Mercado (OSM) independiente, administrando el sistema eléctrico y el mercado, coordinando el despacho de las plantas, determinando capacidades de transmisión, coordinando mantenimientos y realizando las liquidaciones correspondientes.
Para ello, se requiere que exista independencia técnica, reglas transparentes, procesos competitivos, capacidad para atraer inversión privada nacional y extranjera mediante procesos competitivos, lo que requiere, además, contar con una real seguridad jurídica tanto para las personas como para sus bienes.
