El servicio exterior hondureño

El caso de una excónsul hondureña arrestada en Estados Unidos reabre el debate sobre los controles y la selección de funcionarios del servicio exterior

  • Actualizado: 18 de noviembre de 2026 a las 00:00 -

El carecer de diplomáticos de carrera, previamente capacitados rigurosamente para ejercer sus funciones ante los pueblos y gobiernos de otras naciones, ha tenido consecuencias para Honduras. Lejos de prevalecer normas y criterios de selección de las y los aspirantes a representarnos en ultramar, con capacidad, honestidad, eficiencia y dignidad, basados en la escogencia del óptimo recurso humano con vocación de servicio, se nombre a personas tomando en cuenta vínculos y/o el padrinazgo de familiares y políticos al más alto nivel gubernamental. También ha ocurrido cuando la conducción del Estado ha estado a cargo de gobiernos castrenses, para enviar al llamado “exilio dorado” a oficiales que discrepan con la línea vigente y, consiguientemente, son marginados y “purgados” mientras llega el momento de pasar a situación de retiro.

En uno y otro caso, su desempeño ha sido, en el mejor de los casos, mediocre y, en el peor, dañino tanto para el honor y prestigio patrio como para nuestros compatriotas en el extranjero, que concurren a embajadas y consulados por causas diversas relacionadas con su estadía en el país anfitrión.

Tal es el caso, por demás vergonzoso, además de ilícito, perpetrado, según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, al menos desde agosto de 2024 hasta marzo de 2026 por Ada Evila Serrano Núñez, nombrada como cónsul general en Atlanta, Georgia, EUA, por la administración Castro. La mujer fue arrestada por autoridades federales por supuestamente violar, en complicidad con sus hijos y un ex empleado de dicho consulado, la Ley de Prevención de la Extorsión Extranjera, promulgada en 2023, que tipifica como delito penal que funcionarios públicos extranjeros exijan, soliciten, reciban o acepten sobornos de ciudadanos o empresas estadounidenses o dentro de la jurisdicción de ese país.

Según la denuncia, tanto hondureños y hondureñas como estadounidenses fueron víctimas de tal atraco, como condición previa para que los clientes de Consular Services Company obtuvieran cita para poder recibir diversos servicios en dicho consulado, cuando tal cita está totalmente libre de pago previo.

El lucro obtenido por la excónsul se estima en por lo menos 375,000 dólares, más de 10.1 millones de lempiras al cambio actual, por concepto de sobornos, ocultados mediante el lavado de activos. De nueva cuenta, fueron autoridades extranjeras y no las nuestras las que, tras una exhaustiva investigación, capturaron y acusar a compatriotas que han quebrantado la ley, en el proceso de deshonrar a Honduras. ¿Acaso no cuenta nuestra Cancillería con inspectores que periódicamente supervisan las embajadas y consulados de Honduras en el extranjero?

Evidentemente, nuestro servicio exterior actúa sin que exista ningún tipo de control por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y nuestras representaciones diplomáticas funcionan al garete y al libre albedrío, exentas de la necesaria fiscalización y evaluación de sus actuaciones. No es suficiente con que nuestra Cancillería emita post facto un comunicado ofreciendo su cooperación con las autoridades estadounidenses. Simultáneamente, se impone una reingeniería total en la conducción de nuestras relaciones con países amigos con los cuales mantenemos relaciones diplomáticas y consulares.

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