La creación de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), y la llegada a nuestro país el 19 de enero de 2016, fue el resultado del acuerdo firmado entre el gobierno hondureño y la Organización de Estados Americanos (OEA), con el objetivo principal de apoyar y fortalecer el sistema judicial y los mecanismos para prevenir y combatir la corrupción e impunidad en Honduras, enmarcado en la legislación nacional con la participación del Ministerio Público y el Poder Judicial.
Recordamos que la Misión fue el resultado de las marchas pacíficas que, para entonces, ciudadanos y ciudadanas de toda condición social, portando antorchas, protagonizaron en protesta por el saqueo de fondos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) para financiar actividades políticas del Partido Nacional, sobornos, enriquecimiento personal y familiar, entre otros destinos.
Iniciadas en Tegucigalpa, pronto se extendieron a otras ciudades, lo que obligó al Gobierno a solicitar a la Organización de Estados Americanos (OEA) enviar a la MACCIH, ante la indignación y repudio colectivos.
Durante su permanencia, se judicializaron diversos casos de alta corrupción oficial: Red de Diputados, Caja Chica de la Dama y del Hermano, Pacto de Impunidad, Pandora I y II, Licitación Fraudulenta del IHSS, Arca Abierta, Fraude sobre el Gualcarque, Patuca I y II, Narcopolítica.
Fueron un total de doce casos relacionados con actos corruptos en los que se vieron involucrados 113 funcionarios públicos, 26 diputados y exparlamentarios.
Otros logros alcanzados durante su permanencia fueron: creación de un sistema judicial dedicado exclusivamente a procesar casos de corrupción; contribuyó a establecer Juzgados Anticorrupción y la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad y Corrupción; aprobación de la Ley de Transparencia y Fiscalización de los Partidos Políticos.
La férrea oposición en el Congreso Nacional a su permanencia culminó con la no renovación de la misma el 19 de enero de 2020.
La promesa de la entonces candidata Xiomara Castro de gestionar el ingreso de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Cicih), firmando un Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de Honduras y las Naciones Unidas el 15 de diciembre de 2022, no se concretó por la falta de transparencia en las negociaciones con la ONU y por la resistencia a su venida en el Congreso Nacional, opuesto a la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz, argumentando que sería utilizada con fines de persecución política.
Otra frustración colectiva, cada vez más a merced de las embestidas de las redes corruptas e impunes que mutuamente salvaguardan sus intereses y privilegios acumulados a lo largo del tiempo. ¿Hasta cuándo?
El clamor colectivo por el mejoramiento de nuestro sistema de justicia no puede continuar siendo ignorado; es cada vez más amplio y sostenido por parte de los distintos integrantes de la sociedad civil.
