La circular enviada por la Secretaría de Gobernación a las distintas oficinas del sector público, centralizadas y descentralizadas, en el sentido de abstenerse de realizar labores presenciales reemplazándolas por el teletrabajo desde sus hogares, a partir del 28 de julio hasta el 3 de agosto, dado el ingreso al país de nueva subvariante del virus del covid-19, además de un rebrote de influenza, ha generado polémica entre la ministra de Salud y varios de sus colegas, algunos exfuncionarios en dicha dependencia, otros ejerciendo labores académicas o legislativas.
El núcleo de la polémica se centra en si tal orden es o no necesaria, dado su impacto negativo en labores productivas y educativas, además del ingreso de turistas extranjeros, generador de empleo temporal y divisas.
Estos son algunos datos objetivos, que trascienden cualesquier disputa: para el 24 del presente mes, los casos de covid-19 se habían triplicado en el hospital Mario Rivas, superando con mucho los registros de los meses anteriores.
En lo que va de este año, la Unidad de Vigilancia de la Secretaría de Salud (Sesal) reportó para el 25 de julio más de 200 muertos por enfermedades respiratorias: cinco compatriotas por covid-19, tres por influenza, 216 por neumonía.
Las medidas de prevención son necesarias, pero hace falta información detallada que permita orientarse a la población; por ejemplo, respecto a la frecuencia con que deben vacunarse para reforzar la dosis inicial; los centros en donde se están aplicando las vacunas, su ubicación y horarios de atención, los síntomas iniciales de tales afecciones.
Es evidente que el sistema sanitario público enfrenta limitaciones de diverso tipo: en personal profesional y auxiliar, en disponibilidad de medicamentos e insumos en los distintos niveles de atención, cobertura, infraestructura y equipamiento, diseño y aplicaciones de políticas preventivas, financiamiento, redes integradas, aplicación de la normativa que rige los procesos de gestión de la Secretaría de Salud para su urgente reestructuración.
No es con exabruptos como se logrará óptima eficiencia y gobernanza en el derecho de todos en acceder a servicios de calidad en materia sanitaria, garantía consignada en nuestra Constitución Política.
En coyunturas especiales se requiere de la sumatoria de esfuerzos, talentos, energías, no el despilfarro de tiempo valioso en polémicas estériles e infecundas.
