La decisión del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, de enviar más de 2,000 tropas al convulso Haití, donde bandas irregulares se han apoderado violentamente de barrios y zonas aledañas a la capital, Puerto Príncipe, para desplazar a las autoridades locales e instaurar una alternativa cimentada en el terror y la imposición, sometiendo a la población a la voluntad de los jefes de pandillas, ha puesto en peligro a los efectivos salvadoreños, que hoy intentan dar con el paradero de sus compatriotas.
En ese proceso, cuatro efectivos salvadoreños integrantes de los “cascos azules” de las Naciones Unidas, que intentan restablecer un mínimo de paz y estabilidad en esa nación hermana del Caribe, sumida en un creciente deterioro económico, caos e ingobernabilidad, fueron capturados. Se desconoce si permanecen cautivos o fueron ejecutados sumariamente.
En perspectiva, ha prevalecido el ego y la imagen pública del mandatario salvadoreño antes que la reflexión, lo que puede traer consecuencias negativas para la seguridad de los soldados y oficiales de su país que intentan indagar si sus compañeros de armas se encuentran vivos o muertos. Si lo primero, para rescatarlos; si lo segundo, para ubicar sus restos, repatriarlos y sepultarlos en su patria.
Hasta ahora se ignora si tal decisión emanó exclusivamente de San Salvador o fue previamente consultada y aprobada por Washington. Sea como fuere, las posibilidades de éxito o fracaso en las metas propuestas penden de un hilo que puede conducir a declarar “misión cumplida” o, en sentido contrario, a un precipitado retiro tras no haber logrado alcanzar lo prometido.
Múltiples riesgos conlleva el despacho de este contingente, fuerza expedicionaria o como se le designe: barrera idiomática, diferencias étnicas, desplazamientos en territorio desconocido y problemas logísticos. Si los métodos de interrogatorio utilizan técnicas violentas, la reacción de las poblaciones afectadas puede ir más allá del rechazo a tales prácticas violatorias de los derechos humanos y dar paso a una guerrilla urbana y rural, al percibir a los “pacificadores” como meros invasores en plan de conquista.
Las percepciones de uno y otro bando pueden coincidir en el anhelo colectivo de restaurar un mínimo de orden y tranquilidad en un país crónicamente inestable, sujeto a periódicas intervenciones de gobiernos extranjeros. O, por el contrario, pueden diferir y, con ello, producir resultados diametralmente opuestos a los declarados oficialmente desde el despacho presidencial salvadoreño.
Se juega mucho más que la imagen de “macho”, de hacedor de resultados efectivos que generen aprobación y respaldo colectivos, internos y externos, ciudadanos y gubernamentales. Esa imagen puede transformarse en otra: la de un mandatario aventurero e intervencionista, que actúa en favor de intereses supranacionales que pueden o no reforzar militar y económicamente la presencia de efectivos salvadoreños en suelo extranjero, si esta, por sí sola, no logra cumplir con lo públicamente declarado ante su pueblo y la comunidad internacional.
Resulta fácil ingresar a un laberinto, pero difícil encontrar una puerta de salida segura y honorable que permita no quedar atrapado, sin posibilidad de escape, por tiempo indefinido.
El intervencionismo foráneo en los asuntos internos de otros países a lo largo de la historia confirma tal criterio.
