Cada vez con mayor frecuencia, el personal médico y de enfermería suspende sus respectivas labores y justifica estas interrupciones por el incumplimiento de acuerdos previamente alcanzados con las autoridades de la Secretaría de Salud. Entre las causas señaladas figuran el no pago de sueldos, la destitución injustificada de personal de sus respectivos gremios, la escasez de medicamentos y el deterioro físico de instalaciones y equipos, todo lo cual, argumentan, incide en la eficaz prestación de servicios a los y las pacientes que acuden por afecciones físicas y/o mentales que requieren tratamientos o intervenciones quirúrgicas.
Es evidente que se requiere el nombramiento de un profesional de las ciencias médicas al frente de esa vital secretaría de Estado, crónicamente afectada por actos de corrupción, nepotismo, negligencias que incluyen la incineración de medicamentos por haber vencido la fecha de efectividad, deficiente alimentación de las y los pacientes, entre otros. Son muchas las denuncias sobre la existencia de redes delictivas que están firmemente incrustadas en distintos niveles de dicho ministerio, y estarían siendo respaldadas por políticos y empresarios influyentes que son favorecidos con licitaciones amañadas y secretas. Los intentos por erradicarlas hasta ahora no han producido resultados positivos.
Al asumir la titularidad del Poder Ejecutivo, el presidente Asfura asumió como parte de sus obligaciones y responsabilidades la conducción de la Secretaría de Salud, coordinando sus múltiples compromisos y delegando en un subsecretario aspectos administrativos rutinarios. En la práctica, tal modelo de gestión no ha tenido los resultados esperados y las crisis cíclicas en el sector salud se tornan cada vez más severas y frecuentes.
Las reiteradas interrupciones en las labores del personal profesional afectan la correcta prestación de servicios hacia la población que no dispone de suficientes ingresos económicos para asistir a centros hospitalarios privados.
El sistema de salud en Honduras enfrenta déficits en la cantidad de médicos y enfermeras, lo que ha sido reiteradamente confirmado por las estadísticas presentadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que significa que nuestro país acusa una baja densidad en el personal de salud, particularmente en regiones tradicionalmente al margen del desarrollo económico, como el suroccidente y el nororiente.
La Constitución Política vigente, en el Capítulo VII, artículo 145, reconoce “el derecho a la protección de la salud. Es deber de todos participar en la promoción y preservación de la salud personal y de la comunidad. El Estado conservará el medio ambiente adecuado para proteger la salud de las personas...”.
Se trata de un derecho humano básico que, bajo ninguna circunstancia, puede ser soslayado: un pueblo enfermo no es capaz de hacer frente a sus diversos compromisos y obligaciones que le permitan subsistir en condiciones favorables.
La salud, no debe ignorarse, es un estado de completo bienestar físico, mental y social, no solamente una ausencia de afecciones o patologías. Las limitaciones y carencias en la provisión de los servicios de salud, en creciente aumento, afectan directamente el bienestar de nuestros compatriotas, lo que afecta directamente el desarrollo humano y económico de la nación.
