Las más recientes declaraciones del general Héctor Benjamín Valerio Ardón, en su condición de jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, revelan a un profesional, que conoce tanto sus derechos como deberes, subordinando sus actuaciones a lo consignado en nuestra Carta Magna, lo que contrasta con las actuaciones inaceptables, por ilícitas, de su predecesor en tal alto cargo, que deshonró el uniforme y dividió a sus colegas en bandos opuestos, con ello impactando en la cohesión y credibilidad de la institución.
Estas fueron sus palabras: “Somos garantes de la alternancia en el servicio de la Presidencia de la República... el 27 de enero garantizamos que tenemos un nuevo presidente”. Adicionalmente reiteró su total respaldo al Consejo Nacional Electoral (CNE) como al Tribunal de Justicia Electoral (TJE).
En condiciones normales resultaría innecesario resaltar tal conducta, por cuanto se supone que todas y todos, sin excepción, debemos cumplir incondicionalmente con el imperativo categórico de someter nuestros comportamientos a lo establecido en la legislación vigente, sin excepciones.
No obstante, no vivimos tiempos normales, por el contrario, plenos de violaciones e irrespetos a la normativa jurídica, en que se prioriza el abuso de poder, la ilegalidad y arbitrariedad, la arrogancia e imposición como procedimientos cotidianos de comportamiento público, en desmedro directo del Estado de derecho, por parte de las máximas autoridades a cargo del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, lo que es secundado por los subalternos.
Por ello es oportuno y conveniente publicitar aquellas instancias en los que el deber y el honor para con la patria están por encima de cualquier motivación particular, desligados de compromisos bastardos que están en abierta contradicción con un sistema político en que la democracia representa el norte y guía tanto por parte de gobernantes como gobernados.
Si la totalidad de la población guiara su comportamiento cotidiano de acuerdo con la legalidad, sin pretender quebrantarla, Honduras experimentaría una verdadera paz, un creciente bienestar social y económico, un mayor acceso igualitario a las oportunidades.
Todo ejemplo de estricto apego y respeto a nuestra Constitución política y leyes secundarias debe ser congratulado y exaltado a fin de contribuir a formar un espíritu cívico que sirva de paradigma a todos sin excepción alguna, enfatizando que nadie esta ni debe colocarse por encima y en contra de la ley. Quienes ocupan posiciones de poder político y económico deben ser los primeros en dar ejemplo de acatamiento a la legislación, caso contrario, están invitando al caos, la ingobernabilidad y criminalidad, que más temprano que tarde revertirá en su contra.
