El desplazamiento interno de familias de una ciudad a otra obligadas por temor a sufrir represalias si no abandonan sus hogares es un fenómeno social que no ha recibido suficiente atención, aun menos el encontrar soluciones que reviertan tal estado de indefensión.
La Secretaría de Derechos Humanos da cuenta de que cada mes al menos quince compatriotas solicitan ayuda a tal ministerio, exponiendo el haber sido víctimas de extorsión, asesinato, persecución, violencia, obligados a entregar su vivienda a grupos criminales. Años de sacrificios económicos para llegar a poseer su propio techo y de un día para otro quedar sin nada, pasando a la categoría de personas sin hogar.
Despojados de su propio techo, deben encontrar en el mismo centro urbano o en otro amistades o familiares que los acojan, así sea temporalmente; el ente estatal brinda atención médica y jurídica, traslados, vivienda temporal, alimentación, ropa, productos de aseo personal, con carácter provisional.
También atiende a hondureños retornados del exterior que enfrentan riesgo de violencia al reingresar a su país.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) mediante la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno reporta un promedio anual de 1,178 casos. Entre 2016-2023 se registraron 8,249 personas desplazadas y 1,751 denuncias y quejas vinculadas.
El apoyo institucional brindado dura un año, con posibilidad de una extensión temporal, lapso en el que son reubicados en una vivienda en otro punto geográfico del territorio nacional, lo que implica desarraigo y adaptación a un nuevo medio, la búsqueda de una nueva fuente de ingresos que permita la cotidiana subsistencia, en un ambiente distinto a aquel en que habían transcurrido sus vidas durante décadas.
El impacto resultante puede ser traumático, particularmente si los afectados ya son de edad madura. Concluyen, justificadamente, que han sido desterrados, extranjeros en su propia patria, atrapados sin salida.
Tales son los niveles de inseguridad al que estamos sometidos en un país como Honduras, uno de los más violentos del mundo, en el que, tal como recuerda la letra de una vieja canción, “la vida no vale nada”.
La exposición de esta problemática no debería caer en saco roto, más bien para elaborar políticas públicas encaminadas a enfrentar esta problemática y ayudar efectivamente a las víctimas.
