Tras la serie de irregularidades manifestadas en las elecciones internas del pasado domingo 9 de marzo quedó en evidencia la fragilidad técnica y operativa del Consejo Nacional Electoral (CNE), el órgano encargado de llevar a cabo la organización de las elecciones, tanto las primarias como las generales: su debilidad institucional, el empirismo de sus integrantes, el control partidario en la administración y ejecución del proceso tanto en la dirección de los órganos electorales, impactando negativamente en la credibilidad y confianza no solo en la mecánica desplegada; pero también en el sistema político y en la construcción y fortalecimiento democrático.
Ninguna de las anomalías señaladas y registradas en las elecciones del domingo anterior pueden minimizarse o verse como algo normal, bajo el argumento de que son cosas que siempre han sucedido en las elecciones hondureñas. Más bien, urge rectificar, para lo cual las recomendaciones procedentes de la sociedad civil deben ser tomadas muy en cuenta. La Red por la Equidad Democrática en Honduras (REDH) formuló las siguientes para el torneo electoral de 2021, las que hoy, casi cuatro años después, continúan siendo plenamente válidas: “ (...) asumir la responsabilidad institucional que la ley les otorga, llegar a consensos que les permita garantizar certidumbre y transparencia, dejar de lado los intereses partidarios...”.
Por su parte, Caritas de Honduras aportó las siguientes: “Cumplir en tiempo y forma el cronograma electoral con el fin de no atrasar los métodos y evitar poner en riesgo las elecciones, tales como la entrega de credenciales, instalación de equipo, revisión de centros de votación, entrega de material electoral, contratación de empresas para servicios de transmisión de datos, garantizar los procesos democráticos de participación ciudadana, como ser la observación o veeduría, facilitando mecanismos y normativas que sean del conocimiento de los representantes de partidos políticos, policías y militares, para que no obstaculicen estas iniciativas ciudadanas.
Promover una reforma en la Ley Electoral para la ciudadanización de los miembros de las Juntas Receptoras de Votos para reducir la politización y los procesos de fraude con alteración de actas electorales”.
Se espera que sus miembros, tras las necesarias autocríticas, asuman sus responsabilidades, al igual que la cúpula de las Fuerzas Armadas, tomen muy en cuenta las recomendaciones arriba incluidas y rectifiquen a tiempo, preparándose desde ahora para la organización de las elecciones generales el próximo mes de noviembre.
