En el Caribe, el mar nunca guarda silencio. Lleva historias en sus olas: de pescadores que regresan con redes vacías, de migrantes que huyen sin un centavo, de barcos hundidos por decisiones tomadas a miles de kilómetros de distancia. Por eso, cuando mataron a Alejandro Carranza, un pescador colombiano de Santa Marta, padre, hijo, trabajador del mar, no fue solo un crimen: fue un recordatorio brutal de que para algunos la vida latinoamericana vale menos que un informe de inteligencia mal redactado.
Carranza llamó a su hija de 14 años un día antes de desaparecer. Le dijo que iría a pescar marlín y atún y que volvería en unos días. Nunca regresó. No murió en una tormenta ni por un accidente. Según su familia, según sus compañeros de pesca, según el propio presidente Gustavo Petro, murió por un bombardeo estadounidense, uno de los veinte ataques que, desde septiembre, han dejado al menos ochenta muertos en aguas caribeñas.
Ochenta muertos. En tiempos de paz. Sin juicio. Sin advertencia. Sin certeza.
Y yo me pregunto, como latinoamericano: ¿a quién beneficia esta violencia? ¿A los pueblos de nuestra región o a los poderosos que deciden desde Washington quién vive y quién muere?
Porque mientras nosotros tratamos de entender por qué un pescador pobre termina pulverizado por misiles americanos, el gobierno de Trump responde como siempre: con sanciones, amenazas y discursos de guerra. Ante la indignación de Colombia, Trump no ofreció explicación ni condolencias. Respondió sancionando a Petro y a su familia, como si la muerte de Carranza fuera culpa de quien se atreve a pedir respuestas, y congelando ayuda al país.
¿Y por qué? Porque dicen que eran “narcoterroristas”. Porque aseguran, sin pruebas contundentes, que estas embarcaciones transportaban drogas. Porque para justificar la violencia basta con una palabra cargada de miedo. La misma palabra que usaron cuando asesinaron a líderes sindicales en Centroamérica. La misma que usaron para invadir Panamá. La misma que hoy encienden contra Venezuela.
Pero la realidad en el Caribe es más compleja que un discurso de campaña. Muchos pescadores, como explicó Petro, a veces se ven envueltos intermitentemente en actividades ilegales por pura necesidad. Otros no. Y aun si lo fueran, ¿cuándo aceptamos que sospecha equivale a ejecución? ¿Desde cuándo un país extranjero puede bombardear ciudadanos latinoamericanos en aguas abiertas sin siquiera intentar detenerlos vivos?
Hace días, cuerpos mutilados comenzaron a llegar a las playas de Trinidad y Tobago. Otros nunca aparecerán. Dos sobrevivientes, uno colombiano, otro ecuatoriano, son testigos de un patrón: los muertos no son generales del narcotráfico ni jefes de carteles, ni comandantes insurgentes. Son hombres pobres que viven del mar. Hombres que ganan menos de 400 dólares al mes. Hombres que duermen en hamacas sobre playas desiertas mientras trabajan.
En Santa Marta, los pescadores están paralizados. Es temporada de atún, debería ser época buena, pero nadie se atreve a zarpar. El miedo pesa más que la necesidad. Y pregunto otra vez: ¿quién gana con esto?
Porque no es Estados Unidos quien pierde su pan del día. No son los políticos estadounidenses quienes entierran a sus muertos. No son los estrategas militares los que deben explicarles a los niños por qué su padre explotó en un video compartido por Trump en redes sociales.
Los que perdemos somos nosotros. Los latinoamericanos. Los caribeños. Los que vivimos entre mar y selva, tratando de ganarnos la vida sin molestar a nadie. Y mientras tanto, los poderosos en Washington hablan de estabilidad, de moral, de democracia, como si la democracia pudiera construirse a punta de misiles lanzados contra pescadores.
Así que pregunto de nuevo, con rabia y con cansancio: ¿de verdad creen que estos bombardeos nos protegen? ¿O protegen los intereses de quienes, desde muy lejos, siempre han visto nuestra región como un tablero de guerra y no como un hogar lleno de vidas dignas?
