Hay batallas que se pierden antes de empezar, simplemente porque un bando llegó organizado y el otro llegó solo.En 1965, el economista Mancur Olson publicó un libro que debería leerse en cada cámara de comercio y en cada consejo comunal de Honduras: “La lógica de la acción colectiva”.
Su tesis, resumida en una frase, es incómoda. Un grupo pequeño, donde cada integrante se juega mucho y se conoce con los demás, organiza con facilidad, mientras que un grupo grande, donde el beneficio se reparte entre miles y nadie confía plenamente en el vecino, tiende a quedarse paralizado, porque cada persona espera que sea otro quien ponga el esfuerzo. Olson lo llamó el problema del polizón, y propuso que solo los incentivos selectivos, aquello que un grupo pequeño puede repartir únicamente entre quienes sí colaboran, logran romper esa parálisis. Y explica, mejor que cualquier teoría de la conspiración, por qué los Elon Musk y los Gerald Ford del mundo ganan tan seguido.
No es magia ni es, solamente, maldad personal. Es estructura.Un puñado de inversionistas con un proyecto turístico concreto se organiza en semanas. Contratan al mismo bufete, se sientan en la misma mesa con el mismo ministro, y cada uno sabe exactamente cuánto gana si el proyecto avanza. Una comunidad entera, dispersa en varias aldeas, con generaciones distintas y prioridades distintas, tarda años en ponerse de acuerdo sobre qué hacer, aunque todos pierdan lo mismo si no actúan juntos.Miren lo que ocurre ahora mismo en Tela.
En julio, más de doscientos agentes policiales entraron a la comunidad garífuna de San Juan y detuvieron a cinco personas, Deinor Mejía, Onil Fernández, Hirvin López, Sara Acosta y Carlos Fernández, acusadas de usurpación agravada, apenas semanas después de que el Congreso aprobara una ley agroindustrial que declara ciertas tierras no afectables. Días antes, en la vecina Tornabé, un grupo armado encabezado por el empresario Jaime Rosales y acompañado por un ciudadano estadounidense llegó en vehículos sin placas reclamando una propiedad comprada con escritura en 2023, mientras el patronato local sostiene un título colectivo de 1993 que ampara a toda la comunidad.
La Corte Interamericana ya había fallado, desde 2015, que el Estado violó la propiedad colectiva garífuna en Triunfo de la Cruz y Punta Piedra. Nueve años después, Honduras apenas empezaba a cumplir.No pretendo decir aquí quién tiene la razón jurídica en cada hectárea disputada, porque honestamente no lo sé con la precisión que exige un expediente. Lo que sí puedo señalar, con Olson como guía, es por qué el pleito siempre llega desequilibrado a los tribunales. Del lado del comprador suele haber un abogado, un notario, un funcionario dispuesto a firmar rápido y un capital que no necesita consultarle nada a nadie para decidir
. Del lado comunal hay consejos territoriales, patronatos, asambleas, generaciones que ya no viven todas en el mismo pueblo, y la obligación agotadora de reconstruir, cada vez, un consenso que al otro bando ya le viene dado por estatutos de una empresa.Esto no es, todavía, una denuncia moral contra nadie en particular. Es una pregunta sobre diseño institucional, la misma que Olson dejó abierta hace sesenta años. Si el sistema recompensa casi siempre a quien puede organizarse rápido y castiga casi siempre a quien necesita ponerse de acuerdo entre muchos, entonces la derrota recurrente de comunidades como la garífuna no exige, para explicarse, ni un villano ni una conspiración. Exige, apenas, entender las reglas del juego.¿Y si lo que llamamos despojo no fuera, en el fondo, otra cosa que la aritmética fría de quién llegó mejor organizado a la mesa donde se reparte la tierra?
