La Constitución de la República en el artículo No. 178 claramente reconoce el derecho que tienen los hondureños a una vivienda digna; asimismo, asigna al Estado como el ente encargado de formular y ejecutar programas habitacionales de interés social. Sin embargo, se observa cómo esta función ha venido en detrimento a través del tiempo, con mayor énfasis a partir de la década de los noventa mediante la implementación de un modelo económico privatizador. En primera instancia se dio el desmantelamiento de la política pública de vivienda mediante el cierre del Instituto Nacional de la Vivienda (Inva) y posteriormente la transformación institucional y legal como la creación del Fosovi, Provicsol, Convivienda y el Programa de Vivienda y Asentamientos Humanos (PVAH). En este devenir histórico al final prevalece un Estado que prácticamente trasladó la resolución de la oferta habitacional a manos de desarrolladores inmobiliarios, así como el financiamiento mediante la canalización de recursos a las instituciones financieras privadas.
Lo anterior no ha sido suficiente para solventar la problemática que actualmente enfrenta el país en materia habitacional, dado que datos del INE indican que el déficit habitacional es de 1.6 millones de viviendas, de las cuales aproximadamente el 67% necesitan mejorar su infraestructura y el resto son unidades nuevas que han de ser construidas.
El problema se agrava, ya que el precio de una unidad habitacional se ha encarecido, el IPC para la vivienda indica un incremento a junio de este año de 465.8 puntos, considerado el más alto en los últimos 30 años. Además, el precio de mercado ha incrementado hasta un 20%, según la Cámara de la Construcción (Chico).
Esta situación es preocupante, ya que la vivienda desempeña una función de refugio social, en pocas palabras es una necesidad humana; no obstante, el escenario se vuelve más complejo para los grupos poblacionales que no cumplen requisitos según el sistema, por lo tanto, la falta de acceso también se convierte en un indicador primario de desigualdad. Y si se visualiza a futuro, generaciones como los “millennials”, “centennials”, entre otras, enfrentarán desafíos cada vez mayores en la adquisición de una casa.
¿Pero dónde radica principalmente el problema? Existen diferentes factores como dispersión institucional, la falta de planificación urbanística, la tenencia y especulación de la tierra, desigualdad de ingresos, la gentrificación, así como la ideología de la propiedad. Aunque el problema latente pasa por el tema del ingreso, tal como se menciona al inicio, desde la desaparición del Inva, el Estado facilitó las condiciones para que el mercado solvente dicha problemática. Y la forma más clara de corroborarlo es la dinámica de financiamiento que actualmente implementa el Gobierno, el cual lo realiza a través de Banhprovi, el que se ha posesionado como agente activo en materia de política pública en vivienda. Pese a que dicha labor es de suma importancia, esta se ha visto limitada por las reducidas asignaciones presupuestarias, las cuales han sido fluctuantes, entre el año 2020 al 2025 el comportamiento de manera general fue decreciente del -4.62%, siendo el año 2023 donde mayor asignación de recursos ha tenido dicha institución con más de L84,000 millones.
Lo antes expuesto, en alguna medida se convierte en una restricción para la población que anhela su propia casa, ya que los fondos que Banhprovi coloca a disposición del público se tornan escasos dada la alta demanda, puesto que las tasas de interés que ofrece son altamente competitivas, entre el 4% al 7% anual, con plazos de tiempo hasta de 30 años, montos máximos de L4 millones. No obstante, al analizar requisitos como el ingreso, este, automáticamente, excluye a gran proporción de la población hondureña, sobre todo aquella que se encuentra inmersa en la economía informal, la cual ronda aproximadamente en 65%. Por otra parte, con un ingreso per cápita de L4,246 difícilmente se logra cumplir el requerimiento de dos salarios mínimos necesario para aplicar a financiamiento por parte del Estado. A esto se le suma que Banhprovi canaliza estos recursos a través de las instituciones del sistema financiero privado, lo que genera dependencia de intermediarios financieros, aclarando que este mecanismo ha mitigado el riesgo y la recuperación de capital e intereses, así como la sostenibilidad de la cartera crediticia.
A pesar de ello, no se puede negar que esta dinámica financiera propicia el tratamiento de la vivienda como una mercancía o un activo financiero más donde se invisibiliza el valor de uso, predominando exclusivamente el valor de cambio.
Bajo este panorama, gran parte de hondureños tendrán que ingeniárselas para crear sus propios espacios para vivir mediante la construcción de casas improvisadas en “barrios marginales”, muchas veces a través de las invasiones, movidos ante la penuria de satisfacer una necesidad básica. Por lo que es necesario que el Estado retome nuevamente su papel mediante el fortalecimiento de la política pública en vivienda, apremia una mayor asignación presupuestaria, pero sobre todo urge la creación de verdaderas soluciones habitacionales para las personas que no se ajustan a los requisitos convencionales del sistema financiero público o privado.
