El Banco Central de Honduras (BCH) informó recientemente que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de julio situó la inflación interanual en 5.58 %, registrando de esta manera su segundo descenso consecutivo tras el 6.09% y el 5.83 % reportado previamente en mayo y junio.
De acuerdo con el informe oficial, la variación mensual se contuvo en un modesto 0.15 %, consolidándose como la tasa más baja observada a lo largo del último semestre. Este comportamiento estuvo impulsado primordialmente por la baja experimentada, tanto a escala internacional como local, en los precios de los carburantes -específicamente gasolinas y diésel- y de ciertos alimentos industrializados.
Pese a esta notable desaceleración y a una inflación acumulada que se ubica de manera preliminar en el 3.96 %, es fundamental destacar que el indicador interanual continúa estacionado de forma persistente por encima del rango de tolerancia oficial fijado por la autoridad monetaria en un 4.0 % con una desviación de más/menos un punto porcentual.
Las cifras anteriores son avaladas por la sostenida contracción experimentada por la inflación subyacente durante los primeros siete meses del presente año, ya que mientras la misma fue de 4.99 % en enero, al mes se julio se ubicó en apenas un 3.44 %, implicando que la demanda agregada interna está ejerciendo cada vez menos presión en la variación porcentual de los precios a nivel nacional.
A primera vista, las cifras oficiales inicialmente presentadas invitan de inmediato al optimismo y sugieren una supuesta estabilización macroeconómica apuntalada por un contexto internacional más benigno en materia de materias primas como el petróleo y sus derivados.
Sin embargo, un análisis riguroso, profundo y eminentemente crítico revela que este alivio estadístico dista abismalmente de reflejarse en la realidad cotidiana y en el sufrimiento diario de los hogares hondureños.
El desglose pormenorizado del informe expone sin ambigüedades que el costo de la vida continúa estrangulando con fuerza a la base de la pirámide social del país, ya que rubros esenciales y de subsistencia como los alimentos y bebidas no alcohólicas, el transporte y los servicios básicos de vivienda continúan acumulando las mayores presiones de arrastre, explicando de forma alarmante la mayor parte de la inflación interanual y afectando de manera directa el bienestar general de las familias.
Atribuir la carestía sistemática de los alimentos únicamente a factores climáticos transitorios, sequías estacionales o choques externos recurrentes evade una discusión estructural que resulta inaplazable para el desarrollo de Honduras.
La persistencia de una inflación de alimentos elevada, pone en evidencia con crudeza las profundas debilidades del aparato productivo nacional, el abandono histórico del campo, la falta de tecnificación agrícola y la total ausencia de cadenas logísticas eficientes que protejan al consumidor final de la especulación voraz de los intermediarios.
Mientras el costo de la canasta básica mantenga una tendencia alcista absolutamente desproporcionada frente al congelado y deprimido poder adquisitivo de los salarios reales, las reducciones marginales en el índice general de precios al consumidor (IPC) seguirán siendo una mera victoria técnica de escritorio, totalmente intrascendentes para gran número de ciudadanos que experimenta día con día la erosión severa de sus ingresos y el deterioro constante de su calidad de vida.
