Frecuentemente se escucha decir “las mujeres son mejores pagadoras”, “administran mejor el dinero”; sin embargo, esta premisa no es suficiente para equiparar las oportunidades económicas de estas en comparación con los hombres.
En el caso de Honduras, indicadores como El Ranking de la Brecha de Género evidencian una leve mejoría en términos de posición en comparación con otros países de América Latina, actualmente ostenta el puesto 59 de 155 naciones.
A su vez, el Índice de la Brecha de Género muestra mejores niveles de paridad, ya que en 18 años este se redujo en 0.62%.
Aunque estos indicadores evolucionan lentos, pero positivamente, las disparidades económicas persisten en la vida de las mujeres, datos claves como la Tasa de Participación Laboral (TDP) 74% para los hombres contra 40% las mujeres; Tasa de Desocupación (TD) 5% los hombres y 8% las mujeres, y una brecha salarial del 37% por encima de la región delatan el ensanchamiento de las desigualdades estructurales que agobian a las mujeres.
Esta situación condiciona el acceso a recursos financieros como el crédito, y pese al buen comportamiento de pago de las mujeres, tal como lo evidencia un estudio de la Unah-EQUIFAX, donde un 57.14% de deudores morosos son hombres y un 42.86% mujeres, estas últimas enfrentan una brecha de género financiera del 20%.
No obstante, la problemática del financiamiento es mucho más profunda, dado que hay una relación intrínseca entre las deudas de las mujeres y el incremento de la economía del cuidado, entendida esta última como aquellas actividades que se realizan en el hogar sin remuneración monetaria, conocida también como trabajo reproductivo o doméstico, que por paradigmas culturales se han asignado de manera natural a las mujeres.
Pese al reconocimiento de la incidencia del crédito en las féminas, desde la economía convencional se aborda la problemática mediante la oferta de recursos financieros con la finalidad de monetizar y satisfacer demandas de consumo inmediatas, generando mayores deudas para estas, a la vez, creando programas crediticios con etiquetas de mujer, prevaleciendo generalmente las mismas condiciones para el resto de la población, invisibilizando el verdadero significado del endeudamiento, en donde muchas veces es originado para cumplir roles de género en el hogar.
La agencia de recursos financieros se enfoca en solventar “cargas familiares” como cuidar niños, atender adultos mayores, enfermos, abastecer de alimentos, cocinar, limpiar, pagos de servicios básicos, entre otros, lo que implica en muchas ocasiones una doble carga, ya que la adquisición de deudas genera una obligación financiera, pero a su vez se convierte en una carga emocional.
Por lo que el endeudamiento no es una opción libre, sino una necesidad de supervivencia para sostener a sus familias, con pocas posibilidades de transformar estructuras de poder.
Los incrementos de las cargas financieras se han visto agravadas por el aumento en la economía del cuidado, las cuales a su vez se agudizan por situaciones de crisis climáticas (Eta, Iota, Sara), de salud (covid-19), entre otras.
Experiencias recientes evidenciaron cómo estos fenómenos tornaron mucho más vulnerable a las mujeres, prologando sus horas de trabajo no remunerado al pasar de 5.5 hasta 11 horas diarias, debido en gran parte al confinamiento y la combinación de teletrabajo con el trabajo doméstico no remunerado, acentuando la división desigual del trabajo.
Sin embargo, la reducción del ingreso por pérdida de empleo o situación de subempleo no exime a las mujeres en búsqueda de mecanismos de financiamiento para cubrir costos de la reproducción social y los cuidados.
Por lo tanto, se concluye que la relación del endeudamiento de las mujeres y la economía del cuidado se agudiza por la ausencia de reconocimiento y valor económico de este trabajo no remunerado; asimismo, los factores de crisis climáticas y de salud agravan aún más dicha situación.
Desde la perspectiva de género no es más que un reflejo de las desigualdades de poder y la distribución injusta del trabajo.
La problemática no se resolverá con ofertas crediticias con nombre de mujer ni con educación financiera, sino con políticas públicas que valoren y redistribuyan el trabajo de cuidados, garanticen la paridad salarial y faciliten el acceso a servicios y oportunidades ecuánimes para todas las personas.
