Copiarle a Bukele es la nueva política pública hondureña: vemos que algo funciona en el pulgarcito, creemos que aquí va a ser igual, anunciamos reformas y dejamos para después el pequeño detalle de averiguar si aquí tenemos cómo hacerlo.
El Congreso propone endurecer las medidas contra las maras, usando tatuajes como evidencia, ampliando plazos procesales, facilitando allanamientos y restringiendo beneficios penitenciarios. Combatir pandillas está bien; convertir la apariencia en sospecha y legislar sin capacidad para aplicar la ley es otra cosa.
Porque una cosa es investigar a un pandillero y otra muy distinta es pretender que un tatuaje resuelva el trabajo de la Policía, los investigadores y los fiscales. ¿Quién determina que un símbolo pertenece a una mara? ¿Qué otras pruebas serán necesarias? ¿Qué pasa si se equivocan? Si la respuesta depende de una interpretación policial sin suficientes controles, no estamos fortaleciendo la justicia: estamos aumentando el margen para cometer abusos.
¿Tenemos presupuesto, investigadores capacitados, cárceles suficientes y tribunales preparados para ejecutar estas medidas? ¿O creen que basta con reformar un artículo para que aparezcan mágicamente los recursos que el Estado no tiene? Algo parecido ocurrió cuando Odir Fernández planteó eliminar el examen de admisión de la UNAH.
La idea de abrirle las puertas de la universidad a más jóvenes sonaba bien; el problema era cómo recibirlos. Sin aulas, docentes, laboratorios y presupuesto suficientes, eliminar una barrera no crea automáticamente la capacidad para atender a quienes entran. Con la seguridad pasa igual. Aprobar reformas es relativamente sencillo; construir instituciones que las apliquen correctamente es otra historia.
Bukele puede servir como referencia para estudiar políticas de seguridad, pero gobernar Honduras no consiste en imitar fotografías de cárceles ni copiar reformas sin evaluar sus condiciones de aplicación. Si queremos combatir las maras, hagámoslo con inteligencia, investigación criminal, prevención y un sistema judicial que funcione.
Lo contrario es populismo legislativo: prometer resultados que todavía no sabemos producir, y si nuestros diputados quieren jugar a ser Bukele, que empiecen por explicar cómo piensan financiarlo.
