El tema del manejo del riesgo crediticio de las personas es algo importante para el desarrollo de una economía moderna. El tema de la central de riesgos, revisiones privadas del historial crediticio, eliminación de registros de estos, y el problema real de las personas que tienen un mal historial son elementos para considerarse para poder buscar una solución a largo plazo a este problema.
Las centrales de riesgos y las empresas privadas de historial crediticio cumplen en la práctica una función similar. Se trata de recoger y compartir información sobre los movimientos de las personas, su historial de transacciones para poder darles una calificación de riesgo.
Esta calificación de riesgo puede resultar en una penalidad de un cobro de intereses más altos, restricción al tipo de servicios a los que pueden acceder o una limitación total de acceso al crédito. Estos productos le ayudan a los operadores financieros a diferenciar sus productos. Por ejemplo, a las personas que tienen un buen historial crediticio generalmente se les puede prestar una atención más específica, ya que la institución financiera lo considerará como un buen cliente.
Esto genera un incentivo para el buen comportamiento. A medida se va volviendo más negativo el historial, las oportunidades se van volviendo más escasas y caras de acceder a financiamiento. Y en el caso de las centrales privadas de historial crediticio, comparten información no únicamente con los bancos y otras instituciones financieras, sino con todo tipo de empresas privadas proveedoras de servicios al crédito, lo que le puede limitar el acceso a muchos otros productos más allá de los financieros.
Pero sociedades más avanzadas han descubierto que las penalidades para los malos deudores se deben delimitar a lo largo del tiempo. Esto se puede hacer de varias formas. Una de ellas es poniendo un plazo máximo para que una mala transacción pueda estar en un historial crediticio. Otra sería en ir degradando la penalidad conforme pasa el tiempo. Y una tercera sería establecer un sistema legal para la declaración de bancarrota.
