El crecimiento económico es vital porque amplía la producción y los ingresos, permite la creación de empleo y reduce la pobreza; además genera recursos fiscales para financiar salud, educación e infraestructura y facilita inversión e innovación que elevan la productividad a largo plazo.
En suma, un crecimiento sostenido bien gestionado mejora el bienestar colectivo y aumenta la capacidad de una nación para afrontar choques y promover desarrollo inclusivo. La actual depreciación del dólar y la relajación de las condiciones financieras externas ofrecen a los países de ingresos medio-bajos como Honduras un respiro importante, pero con efectos mixtos y varias advertencias prácticas.
A corto plazo, un dólar más débil tiende a reducir la carga del servicio de deuda denominada en monedas externas -cuando la moneda local se aprecia respecto al dólar- y facilita el acceso a financiamiento externo, lo que puede traducirse en menores costos para proyectos de inversión y en una ventana para reestructurar vencimientos.
Sin embargo, ese alivio es desigual: los países exportadores de materias primas pueden ver afectadas sus cuentas externas si los precios internacionales se mueven en direcciones adversas o si su moneda se aprecia y erosiona la competitividad de otros sectores exportadores. Además, la variación de flujos de capital genera mayor volatilidad cambiaria y de tasas domésticas, un riesgo significativo cuando los mercados locales aún son poco profundos.
Que en varios países la política fiscal se haya vuelto más anticíclica es una señal positiva para esas economías: gastar más en amortiguar recesiones y sostener la demanda protege empleo y amplía el margen para la recuperación.
No obstante, la utilidad real de esa política está limitada en los países con altos niveles de deuda y elevados costes de financiamiento, donde la capacidad para financiar estímulos sostenibles es reducida; ahí la prioridad debe ser el fortalecimiento de la gestión de la deuda y la mejora de los ingresos fiscales para ampliar el espacio fiscal sin comprometer la sostenibilidad.
En ese sentido, las recomendaciones del FMI sobre mayor credibilidad monetaria, tipos de cambio más flexibles y marcos fiscales robustos son particularmente relevantes: una autoridad monetaria creíble y un régimen cambiario que absorba choques reducen la necesidad de usar reservas y permiten una respuesta macroprudencial más eficaz.
La llegada de inversión ligada a tecnología puede mejorar la productividad y diversificar economías dependientes de productos primarios, pero esos beneficios llevan tiempo y requieren políticas activas: mejora del capital humano, incentivos a la innovación, infraestructura digital y marcos regulatorios claros. Si los países con ingresos medio-bajos no acompañan la entrada de capital tecnológico con reformas estructurales y capacitación, el crecimiento será parcial y podrá aumentar la desigualdad.
En resumen -y desde la experiencia en política monetaria y docencia que muchos conocedores del sector reconocen- las implicaciones para los países de ingresos medio-bajos son claras: aprovechar el alivio temporal del entorno externo para consolidar reservas, mejorar la composición y el plazo de la deuda, fortalecer la recaudación y la focalización del gasto social, y acelerar reformas que eleven la resiliencia estructural (marcos fiscales, independencia y credibilidad del banco central, flexibilidad cambiaria y políticas de innovación).
Solo de esa manera podrán convertir un viento externo favorable en un paso sostenido hacia mayor estabilidad y crecimiento inclusivo, evitando depender de factores externos pasajeros.
