Bogotá, Colombia.
Los jóvenes que están en las calles abogan por un Estado más solidario para hacer frente al desempleo, la deserción escolar y demás estragos que trajo la pandemia, que avanza implacable rompiendo récords diarios de muertes y contagios.
El gobierno y su contraparte chocaron desde el comienzo por la violencia que rodea el primer gran levantamiento popular desde el acuerdo de paz de 2016, que condujo al desarme de la extinta guerrilla de las FARC, hoy partido político Comunes.
El 28 de abril, con el país en el momento más mortal de la pandemia, decenas de miles salieron a las calles a protestar contra una reforma fiscal que consideraban perjudicial para sus bolsillos.
El gobierno de Duque quería bajar a 656 dolares mensuales la franja mínima imponible que era de unos 1, 000 dólares. Dos días después fueron despachadas tropas a las calles de Cali, la tercera mayor ciudad del país y epicentro de la rebelión contra la reforma.
Colombia lleva un mes sacudida por cruentas protestas callejeras que dejan decenas de muertos. La ira por una propuesta de aumentos de impuestos a la clase media se transformó en un gran movimiento contra el gobierno del presidente Iván Duque.
El gobierno y el principal frente de protestas en Colombia se reencuentran este martes en la mesa de diálogos, con profundas diferencias de por medio que han impedido apaciguar el estallido social que deja casi 60 muertos en un mes de manifestaciones.
Los delegados del presidente Iván Duque y del Comité del Paro, que reúne a sindicatos, estudiantes e indígenas, han sostenido varias rondas de conversaciones desde el 7 de mayo, sin alcanzar un acuerdo para iniciar negociaciones.
Si bien se trata del colectivo más visible, el comité no aglutina a todos los sectores descontentos con la gestión del impopular Duque, quien enfrenta la ira popular a un año de las elecciones de las que deberá salir su sucesor. No obstante, un eventual acuerdo con esa organización es visto como un paso hacia desactivar la crisis.
El último encuentro entre los representantes fue el pasado domingo, cuando el país todavía procesaba la jornada más violenta en la prolongada crisis, que detonó con la ya descartada idea del gobierno de cargar con impuestos a una clase media empobrecida por la pandemia.
El viernes 28, mientras miles conmemoraban en las calles el primer mes de levantamiento popular, 13 personas murieron en Cali, la tercera ciudad de Colombia y una de las más afectadas por las movilizaciones y los bloqueos viales.
Ese día hubo choques que involucraron a manifestantes, uniformados y civiles armados hasta con fusiles que dispararon en presencia de la policía, lo que ha hecho temer que fuerzas paraestatales estén cobrando protagonismo en la volátil coyuntura.
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En un mes de protestas han muerto 59 personas, según reportes de la Defensoría del Pueblo (Ombudsman) y de autoridades civiles. La fiscalía sostiene que 20 de estos casos 'guardan relación directa con las manifestaciones'
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió una investigación 'independiente' sobre los ataques que segaron vidas en Cali.
A raíz de lo ocurrido el viernes, Duque ordenó el despliegue de tropas en Cali y otros puntos del país bajo la figura de la 'asistencia militar', que faculta al ejército a apoyar las tareas de vigilancia de la policía, muy cuestionada local e internacionalmente por los abusos contra los manifestantes.
 Los manifestantes se protegen detrás de un colchón y escudos improvisados durante los enfrentamientos con la Policía. Foto AFP
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Los jóvenes que están en las calles abogan por un Estado más solidario para hacer frente al desempleo, la deserción escolar y demás estragos que trajo la pandemia, que avanza implacable rompiendo récords diarios de muertes y contagios.
El gobierno y su contraparte chocaron desde el comienzo por la violencia que rodea el primer gran levantamiento popular desde el acuerdo de paz de 2016, que condujo al desarme de la extinta guerrilla de las FARC, hoy partido político Comunes.
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Los manifestantes exigen una condena explícita de la represión policial y 'garantías para la protesta', mientras el presidente Duque quiere que se rechace sin ambages los cierres viales que causan desabastecimiento y han alcanzado a las misiones médicas.
El gobierno atribuye a estos bloqueos la muerte de dos bebés que quedaron atrapados en ambulancias y millonarias pérdidas económicas.
'El comité debe señalar que los bloqueos no son una forma de protesta, no son admisibles (...) Esperamos que ellos condenen eso, que señalen que no es una forma de protesta pacífica', insistió Archila.
Las fuerzas sociales, que se oponen a la militarización, también claman por una rechazo explícito de los excesos policiales. 'No se pueden seguir viendo videos donde la fuerza pública le dispara a los manifestantes; donde personal civil le dispara a los manifestantes', sostuvo Francisco Maltés, líder obrero y portavoz del comité.
Mientras tanto, el inconformismo sigue expandiéndose por el país, con nuevos focos de protesta y choques con la fuerza pública encendiéndose en el municipio de Facatativá, vecino de Bogotá, y en el pequeño poblado de Villagarzón, en zona fronteriza con Ecuador, donde un indígena murió el lunes por un disparo en medio de una manifestación.
Principales hitos:
Multitudinaria protestaEl 28 de abril, con el país en el momento más mortal de la pandemia, decenas de miles salieron a las calles a protestar contra una reforma fiscal que consideraban perjudicial para sus bolsillos.
El gobierno de Duque quería bajar a 656 dolares mensuales la franja mínima imponible que era de unos 1, 000 dólares. Dos días después fueron despachadas tropas a las calles de Cali, la tercera mayor ciudad del país y epicentro de la rebelión contra la reforma.
El presidente retira propuesta
Duque cedió a la presión de las calles y anunció la anulación de su plan. En cambio dijo que procedería a aumentar temporalmente los impuestos a empresas y a grupos de mayores ingresos. No obstante, decenas de miles se mantuvieron en las calles por cuarto día consecutivo.
Duque dice que utilizará 'asistencia militar' para enfrentar 'a quienes, por la violencia, vandalismo y terrorismo, buscan intimidar a la sociedad'.
19 muertos en cinco días
El 3 de mayo el Defensor del Pueblo (ombudsman) dice que cinco días de protestas dejaban al menos 18 civiles y un policía muertos y 846 personas heridas. El ministro de Finanzas, Alberto Carrasquilla, renuncia. Las manifestaciones se mantienen.
Condena internacional
El 4 de mayo las Naciones Unidas y la Unión Europea condenan lo que consideran fuerza excesiva por parte de las fuerzas de seguridad.
Los bloqueos de rutas demoran las entregas de combustible y crece el temor por el abastecimiento de oxígeno y medicinas para los pacientes de covid-19.
La crisis aumenta y el presidente respalda a las fuerzas de seguridad. En Bogotá son atacadas 16 estaciones de la policía.
El 5 de mayo los manifestantes protestan contra la política de Duque en salud, educación, seguridad y la violencia de las fuerzas de seguridad. La policía logra impedir que manifestantes tomen el Congreso por asalto.
Complejo diálogo
Al día siguiente, el gobierno invita a dialogar a los líderes de las protestas pero éstos convocan a nuevas manifestaciones.
La ministra de Exteriores, Claudia Blum, renuncia el 13 de mayo. Dos días después estallan violentas protestas en Popayán, al suroeste, luego de que una muchacha de 17 años se suicidó cuando estaba detenida.
Sin Copa América
El 20 de mayo, la Conmebol desiste de realizar en Colombia la Copa América 2021, la mayor competencia del fútbol continental. La entidad tomó la decisión citando 'razones relacionadas con el calendario internacional y logísticas'.
El 23 de mayo el Papa Francisco demanda un 'diálogo serio' y defiende el derecho a las protestas pacíficas en Colombia.
Tropas a Cali
Duque anuncia el 28 de mayo el despliegue de tropas en Cali cuando nuevos enfrentamientos dejan por lo menos 13 muertos.
El 30 de mayo, La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet pide una investigación independiente de la violencia en Cali.
Reanudan contactos
El mismo día, el gobierno reanuda conversaciones con los manifestantes cuando la cifra de muertos en el mes llega a 59, incluyendo dos policías.
