El Tribunal que condenó a la expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) a seis años de prisión rechazó el miércoles el pedido de detención inmediata de la exmandataria por parte de la Fiscalía tras la ratificación este martes de la sentencia por la Corte Suprema y ratificó el plazo de cinco días para presentarse ante la Justicia.
Según informaron a EFE fuentes judiciales, el juez Jorge Gorini, titular del Tribunal Oral Federal N° 2, desestimó el pedido formulado por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes este martes habían solicitado la detención de Fernández tras la confirmación de la condena por el máximo tribunal.
Además, resolvió mantener la orden emitida este martes que establece que la exmandataria y el resto de los condenados en la causa por irregularidades en la concesión de obras públicas deberán presentarse en un plazo de cinco días hábiles en los tribunales federales de Comodoro Py, en Buenos Aires.
En caso de incumplimiento de dicha instrucción, los jueces podrán ordenar las detenciones correspondientes.
La Fiscalía había argumentado que, tras la confirmación de las condenas, correspondía la detención inmediata de la expresidenta, pero el tribunal consideró que el fallo de la Corte no modificaba la situación procesal y que correspondía mantener el cronograma previsto.
Fernández, de 72 años, había anunciado la semana pasada que sería candidata a legisladora provincial en las elecciones a celebrarse en septiembre en la provincia de Buenos Aires, el mayor distrito electoral de Argentina.
La exmandataria y actual presidenta del Partido Justicialista (PJ, peronista) afirmó este martes, tras conocerse el fallo de la Corte, que la Justicia le ha puesto restricciones al voto popular al impedir que haya una alternativa política cuando el modelo del Gobierno del ultraderechista Javier Milei se derrumbe.
La defensa de la exmandataria solicitó al tribunal que le otorgue el beneficio de la prisión domiciliaria por ser mayor de 70 años, mientras que también anticipó que acudirá a tribunales internacionales para intentar revertir la condena. EFE
