Fernando Rospigliosi, el presidente del Congreso de Perú, fue condenado este martes a nueve meses de prisión suspendida por el delito de difamación agravada por haber declarado que la destituida fiscal general Delia Espinoza era "aliada del terrorismo y de las economías ilegales".
La magistrada del Juzgado Unipersonal de la Corte Suprema leyó el adelanto de sentencia contra Rospigliosi en el que resolvió imponer nueve meses de prisión suspendida de ejecución por un año, además del pago de una reparación civil de 200.000 soles (58.000 dólares o 50.000 euros) a favor de Espinoza.
Asimismo, le impuso el pago de las costos procesales y de 100 días multa en favor del Estado.
La jueza Norma Carbajal ordenó a Rospigliosi algunas medidas de conducta como no variar de domicilio, presentarse al control biométrico y no cometer nuevo delito doloso.
El legislador fujimorista, encargado de la presidencia del Congreso, acusó el 7 de junio de 2025 a la entonces fiscal de la Nación de reunirse con familiares de las víctimas de las protestas sociales de 2022 y 2023, a los que calificó de "típica fachada de subversivos", para "jactarse de que está procesando a cientos de policías y militares", que evitaron la restitución del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), tras el fallido autogolpe de 2022.
Tras la destitución de Espinoza del cargo de fiscal general, en enero de 2026, Rospigliosi comentó que era "una desquiciada" que ocupó la Fiscalía de la Nación solamente porque "obedecía servilmente los dictados de la mafia caviar (progresista)".
Minutos después de emitido el adelanto de sentencia, Rospigliosi reaccionó en su cuenta de la red social X y afirmó que había sido condenado por defender a policías y militares de la "injusta e ilegal persecución" de Espinoza por señalar que era "pro terrorista", "pro delincuencia" y "desquiciada".
"Tratan de silenciar toda crítica a la mafia caviar que controla el sistema judicial. Esto confirma que hay que barrer el sistema judicial. Con esta gente jamás podremos derrotar a la delincuencia", sentenció el titular del Parlamento.
Tras una lucha con el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el máximo órgano de la judicatura, Espinoza fue separada definitivamente del cargo de Fiscal de la Nación por enfrentar a un sector del Ministerio Público vinculado presuntamente con una red de corrupción enquistada en la misma institución y su sucesor Tomás Gálvez anunció este año un nuevo periodo sin "persecuciones" contra altos funcionarios ni líderes políticos.
