El gobierno de Donald Trump lanzó una controvertida iniciativa: pagar 2,500 dólares (unos 61,500 lempiras al tipo de cambio actual) a menores inmigrantes que decidan regresar por su cuenta a sus países de origen.
Aunque el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) no ofreció una explicación detallada del plan para forzarlos a volver del sueño americano, agencias de noticias accedieron a un correo enviado a albergues de menores donde se detallaba que jóvenes de 14 años en adelante serían elegibles para recibir este incentivo económico. A los niños se les dio un plazo de 24 horas para decidir si aceptaban la oferta.
La notificación, enviada por la Administración para Familias y Niños del Departamento de Salud, no menciona ninguna sanción en caso de rechazar la propuesta.
Según ICE, la medida se enfocaría inicialmente en jóvenes de 17 años, y el pago solo se entregaría una vez que un juez de inmigración aprobara el regreso voluntario y el menor hubiera llegado a su país de origen.
"La ayuda económica al volver a casa los ayudará si deciden optar por esa opción", afirmó la agencia en el mensaje enviado, citado por medios como CNN.
Esta acción es parte de un esfuerzo más amplio de la administración Trump para fomentar las salidas voluntarias. Previamente, el gobierno también había ofrecido 1,000 dólares a adultos migrantes que aceptaran abandonar el país.
La medida ha generado fuertes críticas entre defensores de los derechos de los inmigrantes. Melissa Adamson, abogada sénior del Centro Nacional de Derecho Juvenil, advirtió que un incentivo económico tan alto podría distorsionar la toma de decisiones de los menores. “Para un niño, 2,500 dólares podría ser la mayor cantidad de dinero que haya visto en su vida, y eso podría hacer que sea muy, muy difícil para ellos sopesar con precisión los riesgos a largo plazo”, señaló.
Por su parte, Murad Awawdeh, director de la Coalición de Inmigración de Nueva York, también expresó preocupación, asegurando que esta política “presiona a los niños a abandonar sus reclamos legales y regresar a una vida de miedo y peligro sin haber recibido una audiencia justa”.
Desde octubre de 2021, más de 400,000 menores no acompañados han sido detenidos al cruzar la frontera sur de Estados Unidos. De acuerdo con la ley vigente desde 2008, estos niños deben tener una audiencia ante un juez de inmigración antes de poder ser deportados.
