Argentina vive este miércoles, bajo el Gobierno del ultraliberal Javier Milei, su primera huelga general desde 2019, convocada por la principal central sindical del país, la Confederación General del Trabajo (CGT), y secundada por partidos políticos y organizaciones sociales y de derechos humanos, entre otras.
La protesta está centrada en el decreto de necesidad y urgencia (DNU), puesto en vigor el 29 de diciembre y aún bajo amparo judicial en varios puntos, y el proyecto de ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, todavía en trámite legislativo.
Esta última, conocida como ‘ley ómnibus’, busca dotar de potestad legislativa al Gobierno de Milei en virtud de una emergencia pública por la actual situación socioeconómica del país, con un 211,4 % de inflación interanual y más de un 40 % de pobreza en la población, que podría extenderse hasta el 31 de diciembre de 2025, según la revisión del texto original, que planteaba una prórroga de dicha ‘emergencia’ hasta 2027.
Ley ómnibus
La “ley ómnibus” también incluye una reforma del sistema electoral y del régimen impositivo, además de permitir la privatización de las empresas públicas, entre otras medidas.
“Promovemos estas reformas en nombre de la Revolución de Mayo de 1810 y en defensa de la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos”, escribió Milei en su cuenta de X al anunciar el proyecto legislativo que completa su decreto.
La polémica ley, que es el proyecto estrella del Ejecutivo de Milei, comenzará mañana su trámite en la Cámara de Diputados, después de que el oficialismo lograra en la madrugada de este miércoles el dictamen de mayoría en el plenario de comisiones, gracias al respaldo de varias fuerzas opositoras.
Después de las seis sesiones de debate en el plenario de comisiones durante las dos últimas semanas, La Libertad Avanza -la fuerza de ultraderecha liderada por Milei que cuenta con sólo 38 diputados de los 257 de la Cámara Baja- logró el dictamen de mayoría con 55 firmas, aunque 34 de ellas fueron en disidencia parcial (es decir, en desacuerdo con algunos artículos).
Esto se logró gracias al apoyo de numerosos integrantes de la coalición Juntos por el Cambio (centroderecha), cuyos candidatos a Presidencia y Vicepresidencia en las elecciones de octubre, Patricia Bullrich y Luis Petri, hoy integran el gabinete de Milei, y una parte del peronismo disidente.
Mientras, hubo expresiones en contra del texto oficialista y dictaminaron en minoría Unión por la Patria (peronismo) y Frente de Izquierda, además de otras formaciones progresistas.
El proyecto impulsado por el Ejecutivo -que implica una amplia reforma del Estado con desregulaciones, modificaciones y derogaciones de leyes en diversas áreas para limitar la intervención estatal- comenzará a tratarse mañana en el recinto.
Derechos de exportación o la actualización de las jubilaciones son dos de los aspectos que generan más diferencias en el proyecto entre quienes respaldan el proyecto de ley. Ambas medidas son clave para lograr el equilibrio fiscal que se propuso alcanzar Milei este año.
El Ejecutivo llamó a sesiones extraordinarias en el Congreso para que se debata su iniciativa generando una actividad inusual para enero en las cámaras de Diputados y Senadores.
Pese a la intransigencia inicial y ante la necesidad de aprobar la nueva norma en tiempo récord, el Gobierno de Milei accedió a negociar el contenido del proyecto de ley con los opositores y prorrogó las sesiones extraordinarias hasta el 15 de febrero.
El proyecto de ley sobre Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos siguió a un megadecreto de necesidad y urgencia (DNU), que entró en vigencia el 29 de diciembre pasado.
Ambas normas enfrentan decisiones judiciales -que ya han suspendido parte de las desregulaciones incluidas en el DNU- y la oposición en las calles, ya que este miércoles el Gobierno de Milei enfrentará su primer paro general, convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), la principal central sindical del país e identificada con el peronismo. EFE
