Miles de latinos han respondido al llamado que se hizo en las redes sociales para protestar en contra de la ley SB1718 promovida por el gobernador de la Florida Ron DeSantis.
Juan Flores, director de la Fundación 15 de Septiembre evidentemente emocionado dijo que si no hay respuestas a las peticiones hechas este jueves, el domingo volverá con el plantón y las medidas de presión.
”Nos hemos pronunciado en contra de esta ley nefasta. Realizamos el plantón en Tampa porque solo acá tenemos más de 60 mil hondureños”, dijo Flores.
“Han llegado más de 5 mil personas y siguen llegando más. Aquí hay personas de todas las nacionalidades, los hispanos nos hemos unido”, agregó.
Al plantón han llegado empresarios de la zona, así como también autoridades que han tomado las demandas de los protestantes.
Esta restrictiva ley, que entra en vigor el 1 de julio del 2023, ha sido la apuesta de DeSantis en su búsqueda por la silla presidencial de Estados Unidos.
La SB1718 endurecerá los requisitos de las empresas para verificar el estado migratorio de los trabajadores. Es decir, las empresas con más de 25 empleados deben usar el programa E-verify para determinar su estatus migratorio y establece multas para los infractores. E-verify es un sistema federal que determina si los empleados pueden trabajar legalmente en los Estados Unidos.
Además, la SB1718 permitirá a las autoridades acusar a alguien de trata de personas si, a sabiendas, transporta a un migrante indocumentado a través de las fronteras estatales, por lo que se enfrentarán hasta 15 años en prisión.
También prohibiría que un inmigrante indocumentado maneje un automóvil, incluso si tiene una licencia de conducir de otro estado.
Los hospitales que aceptan el seguro público Medicaid y a los departamentos de emergencias están obligados a recopilar datos sobre el estado migratorio de los pacientes.
Prohíbe que los gobiernos locales proporcionen dinero a organizaciones que emiten tarjetas de identificación a personas que se encuentran ilegalmente en el país.
Elimina exenciones de cuotas de matrícula para migrantes que estudian y no tienen documentos.
Los abogados ya no podrán ejercer su profesión sí todavía están regulando su estatus migratorio.
Las agencias de aplicación de la ley deberán recolectar muestras de ADN de personas que no poseen un estatus migratorio regulado y estarán detenidas bajo una solicitud de detención federal.
Finalmente asigna 12 millones de dólares para el traslado de migrantes a otros estados.
