Expulsada de suelo estadounidense en enero de este año, la hondureña Wendy Hernández Reyes cruzó la frontera de vuelta bajo un permiso humanitario excepcional de duración limitada, informó el The Washington Post en un artículo publicado este viernes.
El propósito es asistir al funeral y entierro de su hijo Orlin, de tan solo tres años, cuyo cuerpo fue hallado sin vida tras recibir una serie de golpes fatales en Florida.
La tragedia comenzó a gestarse el pasado mes de marzo, cuando el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) detuvo y procesó la expulsión expedita de la mujer hacia Honduras.
Al no poder llevar al menor consigo en el vuelo de deportación, el pequeño Orlin quedó bajo la custodia informal de un tío en territorio estadounidense.
Pocas semanas después, el menor falleció a causa de traumatismos severos provocados presuntamente por este familiar, quien ya se encuentra bajo arresto. Tras el deceso, la agencia federal emitió un polémico pronunciamiento en el que acusaba implícitamente a la madre de "abandonar" a su hijo en un entorno de alto riesgo.
Según testimonios y registros de los defensores, durante los días que permaneció recluida en el centro de detención, la madre suplicó de manera reiterada a los oficiales de asilo y transporte que no la separaran de su hijo. Hernández Reyes exigió que el niño fuera repatriado junto a ella o entregado formalmente en sus brazos antes de subir al avión, pero sus clamores fueron ignorados.
Organizaciones de derechos humanos que acompañan a la mujer denuncian que la separación forzosa de familias en las estaciones de detención sigue siendo una práctica sistemática que despoja a las madres de su capacidad de protección.
El eco de este suceso ha llegado con fuerza a las esferas del poder en Washington D.C., donde legisladores de la bancada demócrata ya preparan una respuesta regulatoria para evitar que escenarios similares se repitan. La congresista Pramila Jayapal anunció que impulsará un proyecto de ley denominado “Orlin Act”, en memoria del menor fallecido.
La iniciativa busca prohibir de forma explícita que ICE concrete la expulsión de padres o tutores legales sin antes garantizar que sus hijos menores de edad puedan acompañarlos en el proceso de retorno a sus países de origen, si así lo requiere la familia.