La historia de Wendy Hernández Reyes, una migrante hondureña deportada desde Estados Unidos, sigue generando debate luego de que autoridades migratorias estadounidenses la responsabilizaran por la muerte de su hijo de dos años, quien quedó bajo el cuidado de un familiar mientras ella permanecía detenida por ICE.
Según una publicación de The Washington Post, Hernández Reyes ingresó de manera irregular a Estados Unidos en 2022 junto a su hermana, mientras estaba embarazada, huyendo presuntamente de situaciones de violencia en Honduras. Años después, fue detenida en Alabama durante un operativo migratorio y posteriormente deportada.
Tras su arresto, su hijo Orlin Hernández Reyes, de apenas dos años, quedó al cuidado de su tío Samuel Maldonado Erazo, también hondureño. Las autoridades estadounidenses acusan a Maldonado de asesinar al menor y de someterlo a constantes abusos físicos. El sospechoso enfrenta cargos de asesinato y se declaró inocente ante la justicia.
La autopsia practicada al menor reveló múltiples fracturas y señales de agresión severa. De acuerdo con la investigación, el niño habría sufrido golpes reiterados, quemaduras y otros actos de violencia antes de fallecer. El médico forense determinó que la causa de muerte fueron múltiples traumatismos.
Tras conocerse el caso, el director interino de ICE, Todd Lyons, responsabilizó públicamente a Hernández Reyes, asegurando que la mujer “decidió dejar a su hijo con un asesino violento”. Sin embargo, la defensa legal de la hondureña sostiene que ella solicitó llevarse al menor durante el proceso de deportación, pero que sus peticiones no fueron atendidas por los agentes migratorios.
Abogados y organizaciones defensoras de migrantes señalaron que el caso expone vacíos en los protocolos de protección infantil durante procesos de deportación en Estados Unidos. Según especialistas citados por medios estadounidenses, no existe una obligación federal clara que garantice el seguimiento o resguardo de menores cuyos padres son detenidos por autoridades migratorias.