Una operación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en una vivienda de South Burlington, Vermont, Estados Unidos, que terminó en enfrentamientos con activistas y la detención de tres migrantes, incluido uno hondureño, se originó por un error de identidad, según reconoció la propia agencia en un documento judicial reciente.
El operativo, realizado el 11 de marzo, había sido justificado inicialmente como parte de la búsqueda de Deyvi Daniel Corona-Sánchez, a quien se le atribuía haber protagonizado una persecución vehicular y luego huir hacia una vivienda en la calle Dorset. Sin embargo, tras ingresar al inmueble con orden judicial, los agentes no lograron ubicar al sospechoso.
En su lugar, procedieron a detener a tres personas que residían en la casa, lo que provocó una confrontación en la vía pública que se extendió por varias horas, luego de que activistas intentaran impedir el traslado de los arrestados.
Posteriormente, tribunales determinaron que las detenciones fueron ilegales, lo que derivó en la liberación de los tres migrantes. A pesar de ello, la versión oficial del ICE sostuvo en un inicio que Corona-Sánchez era quien conducía el vehículo involucrado en la persecución.
No obstante, en una denuncia penal actualizada, el agente Colton Riley indicó que ya no considera que el sospechoso estuviera en el automóvil.
Esta conclusión surge luego de que el hondureño Christian Jerez Andrade, uno de los arrestados durante el operativo, declarara ante el Buró Federal de Investigaciones que él era quien conducía el vehículo.
Según esa declaración, en el automóvil también viajaba un joven de 18 años. Además, se indicó que otro familiar, también de 18 años, se encontraba dentro de la vivienda al momento de la redada.
El abogado de inmigración de Jerez Andrade, Nathan Virag, no negó que su cliente haya brindado esa versión ante las autoridades federales, aunque cuestionó el relato del ICE sobre la supuesta persecución vehicular.
El reconocimiento del error por parte de la agencia federal añade nuevos cuestionamientos sobre la legalidad y el manejo del operativo, que ya había generado polémica por el uso de la fuerza y las detenciones que posteriormente fueron invalidadas por los tribunales.
