Desde su inculpación por el caso de los documentos clasificados, Donald Trump intensificó sus ataques contra el Departamento de Justicia, al que calificó de “monstruo malvado”, con el riesgo de que eso mine la confianza de los estadounidenses en el Estado de derecho.
El magnate acusó a su sucesor, el presidente Joe Biden de haber convertido “al Departamento de Justicia en un arma para tratar de ganar una elección (la de 2024) en la que está muy atrasado”.
“Me persiguen a mí para ocultar la corrupción de Biden”, subrayó. En una entrevista con el grupo de medios en español Americano Media, la periodista le hizo hablar de Hillary Clinton, la ex primera dama y otrora secretaria de Estado a la que derrotó en las elecciones de 2016 y que fue acusada de tener documentos oficiales en un correo privado, y del hijo de Biden, Hunter Biden, y de sus supuestas corruptelas después de preguntarle si no era cierto que había un “doble rasero” en la justicia del país.
Trump no pudo estar más de acuerdo, denunciando que hay una “regresión” de la democracia con el Gobierno de Biden.
El expresidente está ya en campaña para ser el candidato del Partido Republicano en 2024 y va primero en las encuestas. La Casa Blanca salió de inmediato en defensa de Biden, afirmando que no ha estado involucrado de ningún modo en los procesos judiciales que enfrenta Trump.
“Él no ha estado involucrado. El presidente siempre ha sido muy, muy claro. El Departamento de Justicia es independiente”, apuntó la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, en una rueda de prensa.
Jean-Pierre respondió así a la pregunta de un periodista que le espetó si puede negar categóricamente que Biden haya estado involucrado o que haya influido en alguna de las acusaciones contra su predecesor.
Trump atribuye la acusación a una “gran caza de brujas” lanzada por Biden, y que responde a una “interferencia electoral”.Pone al país en una situación de mucho riesgo”, enfatizó Edward Foley, profesor en la Universidad de Ohio.
Para este experto en derecho electoral hay una tensión “inevitable” entre dos principios básicos de la democracia: que “nadie está por encima de la ley” y que “el Gobierno no debe usar su poder contra sus opositores”.
Para evitar este conflicto, el fiscal general Merrick Garland, que supervisa el poder judicial federal, le confió el caso a un fiscal especial conocido por su rigor, Jack Smith, mientras el presidente Biden hace lo suyo al abstenerse de comentar.
Pese a ello, Trump se dice víctima de un “Departamento de Injusticia”, “corrupto” y mercenario de “la izquierda radical”.“Cuando se arresta al principal oponente político, ya no estamos en una democracia”, insistió.
SECRETOS NUCLEARES
Acusado de haber guardado de manera ilegal documentos secretos de la Casa Blanca, el multimillonario de 77 años es el primer expresidente estadounidense en ser procesado por la justicia federal. De los 37 cargos por los que debe responder, 31 corresponden al delito tipificado como retención deliberada de información de defensa nacional.
Jean-Pierre respondió así a la pregunta de un periodista que le espetó si puede negar categóricamente que Biden haya estado involucrado o que haya influido en alguna de las acusaciones contra su predecesor.
Trump atribuye la acusación a una “gran caza de brujas” lanzada por Biden, y que responde a una “interferencia electoral”.Pone al país en una situación de mucho riesgo”, enfatizó Edward Foley, profesor en la Universidad de Ohio.
Para este experto en derecho electoral hay una tensión “inevitable” entre dos principios básicos de la democracia: que “nadie está por encima de la ley” y que “el Gobierno no debe usar su poder contra sus opositores”.
Para evitar este conflicto, el fiscal general Merrick Garland, que supervisa el poder judicial federal, le confió el caso a un fiscal especial conocido por su rigor, Jack Smith, mientras el presidente Biden hace lo suyo al abstenerse de comentar.
Pese a ello, Trump se dice víctima de un “Departamento de Injusticia”, “corrupto” y mercenario de “la izquierda radical”. “Cuando se arresta al principal oponente político, ya no estamos en una democracia”, insistió.
SECRETOS NUCLEARES
Acusado de haber guardado de manera ilegal documentos secretos de la Casa Blanca, el multimillonario de 77 años es el primer expresidente estadounidense en ser procesado por la justicia federal. De los 37 cargos por los que debe responder, 31 corresponden al delito tipificado como retención deliberada de información de defensa nacional.
Los otros son por conspiración para obstruir a la justicia y ocultación de manera “corrupta” de un documento o registro. Según la acusación, los delitos más graves que se le imputan a Trump, como obstrucción a la justicia y conspiración, están penados con un máximo de 20 años de cárcel.
La indagación se inició en 2022 a raíz de un registro realizado en Mar-a-Lago, la casa de Trump en Florida. El acta de acusación dice que había documentos relacionados con el “armamento nuclear en Estados Unidos” y las “capacidades nucleares de un país extranjero”.
Jueza conservadora afín a Trump preside el proceso
Durante sus cuatro años de mandato, Donald Trump (2017-2021) se aseguró de designar un buen número de magistrados conservadores en los tribunales federales para defender su legado.
Una de ellos es la jueza Aileen M. Cannon, nacida en Cali, Colombia, y nombrada en 2020 por Trump para un puesto de juez en la corte del Distrito Sur de Florida. Esta jueza hispana es ahora la encargada del caso de los documentos clasificados y de fijar la condena si el gran jurado de Miami decide que el expresidente es culpable.
Según medios locales, Cannon fue seleccionada al azar para este caso entre cuatro jueces federales en el sur de Florida.
Nacida en Cali, en 1981, Cannon estudió en EE UU en la Universidad Duke, Carolina del Norte, y en la facultad de Derecho de la Universidad de Michigan.
Con fuertes vínculos con la comunidad hispana del sur de Florida, Cannon se convirtió en el centro de atención en septiembre pasado, cuando supervisó los procedimientos judiciales que el FBI encontró en la residencia de Trump en Mar-a-Lago, en Florida.
En su fallo, Cannon denegó al Departamento de Justicia de EE UU una moción para continuar revisando e investigando material incautado en Mar-a-Lago, al tiempo que nombró al juez Raymond Dearie, antiguo magistrado del tribunal del distrito con sede en Brooklyn, como perito independiente.
Por su decisión de aceptar la designación de un perito independiente para revisar los documentos hallados en Mar-a-Lago, como pidió Trump, Cannon recibió numerosas críticas.
