El Congreso de Ecuador retomó este miércoles el juicio político en contra del expresidente Guillermo Lasso, señalado por un supuesto caso de corrupción en un contrato para el transporte de crudo.
La sesión inició hacia las 16:00 hora local y tras la intervención de 16 de los 21 asambleístas que habían solicitado la palabra fue suspendida hasta el jueves, cuando se reanudará, informó la Asamblea Nacional.
El proceso había quedado en suspenso en mayo luego de que el exmandatario disolvió la Asamblea Nacional para llamar a elecciones anticipadas y eludir una sanción.
La oposición, que entonces era mayoría pero estaba fragmentada, buscaba la destitución de Lasso argumentando que el exgobernante firmó un contrato para el transporte de crudo con el grupo internacional Amazonas Tanker que dejó pérdidas por más de 6 millones de dólares al Estado.
El Congreso deberá posteriormente someter a votación el destino político de Lasso; aunque el Legislativo ya no puede destituirlo, podría censurarlo y como consecuencia se suspenderían sus derechos políticos.
El exmandatario se defendía indicando que el caso ocurrió entre 2018 y 2020, cuando él no era presidente.
“Ese no fue el gobierno del encuentro sino un gobierno del reparto, para Guillermo Lasso y su parentela”, expresó la diputada Esther Cuesta, del partido Revolución ciudadana.
De su lado, el legislador Rafael Dávila de Actuemos señaló que la Constitución “no admite censura sin destitución y no puede haber destitución de quien ya no ejerce un cargo”.
Las investigaciones en torno a Lasso se originaron tras la divulgación de un reporte periodístico del portal La Posta, que reveló una supuesta estructura de corrupción para la asignación de cargos públicos en empresas estatales.
Por ese caso, denominado “Encuentro”, la justicia ordenó la semana pasada arresto domiciliario para Danilo Carrera, cuñado de Lasso, y prisión preventiva para otras tres personas, entre ellas Hernán Luque, exfuncionario del gobierno.
También se vio salpicado el empresario Rubén Cherres, cercano a Carrera y quien fue asesinado a tiros en marzo y era además era investigado en un caso de narcotráfico.
De acuerdo con la Fiscalía, Carrera y Cherres eran “los presuntos líderes de la organización delictiva” que “valiéndose de su cercanía con figuras de la política nacional” promovían la contratación “irregular” de personas en cargos públicos.
