CARACAS.
Ambos pertenecen a la Guardia Nacional y estaban adscritos a la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en cuyos calabozos se encontraba Acosta por un presunto complot contra el gobierno de Nicolás Maduro que contemplaba asesinar al mandatario socialista. Allí permanecerán bajo arresto los implicados.
Dos militares fueron detenidos y presentados ante la justicia en Venezuela por la muerte de un oficial bajo arresto, tras denuncias de “salvajes torturas”, caso por el cual la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se declaró “conmocionada”.
Una corte de Caracas dictó ayer cárcel “preventiva” contra el sargento Estiben Zárate y el teniente Ascanio Antonio Tarascio, acusados por el fallecimiento del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, ocurrido la madrugada del sábado, informó un comunicado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
El documento difundido por el TSJ no responde a las denuncias de dirigentes opositores, familiares del oficial y organizaciones de derechos humanos sobre torturas contra el oficial.
Zárate, de 22 años, y Tarascio, de 23, fueron presentados en audiencia preliminar por el delito de “homicidio preterintencional”, que según la ley venezolana aplica a quien “con actos dirigidos a ocasionar una lesión personal, causare la muerte” a una víctima.
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de junio, para este día Juan Guaidó convocó a protestar “para exigir el fin de las torturas y asesinatos”. Maduro encabezará un desfile militar.
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“Realizadas las primeras experticias..., se ha establecido la vinculación de dos funcionarios” de la Dgcim, dijo ayer en Twitter el fiscal general, Tarek William Saab, quien tampoco se refiere a torturas. El Ministerio Público “seguirá acumulando pruebas” para “sancionar de forma ejemplar estos lamentables hechos”, añadió el fiscal.
“No quedarán impunes”, expresó a su vez Diosdado Cabello, presidente de la oficialista Asamblea Constituyente.
Acosta fue detenido el 21 de junio y dado por desaparecido durante una semana.
“Dado que su familia y sus abogados no fueron informados sobre su paradero, a pesar de las reiteradas solicitudes, su caso puede constituir una desaparición forzada”, añadió el texto de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
