MIAMI.
Florida, el tercer estado con más indocumentados de EEUU, tiene desde ayer una de las leyes antiinmigrantes más estrictas, aunque activistas trabajan ya para presentar una demanda judicial para lograr su derogación al considerarla “inconstitucional”.
La ley SB 168 prohíbe las ciudades “santuario”, que rechazan colaborar con las autoridades federales migratorias en su proceso de deportar indocumentados, aunque no hay ninguna jurisdicción que se haya declarado como tal en este estado con un 20% de población inmigrante.
Pero va más lejos. La nueva norma exige a todas las agencias estatales, gobiernos municipales y departamentos de policía hacer cumplir la ley federal de inmigración y también a trabajar con agencias federales como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para detener y deportar a los inmigrantes.
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En esa colaboración se incluyen los polémicos “detainers” o pedidos de ICE para que se mantenga en las cárceles para deportación a las personas detenidas, muchas veces por infracciones menores, aunque no exista una orden al respecto de un juez o un fiscal.
| Amenaza de Trump
El presidente Trump dijo que tienen previsto realizar redadas masivas en busca de familias indocumentadas y que se llevarían a cabo después del 4 de Julio, a menos que suceda algo “milagroso” en las negociaciones con los demócratas en el Congreso sobre una nueva ley de asilo. “Deportaremos a grandes cantidades de personas a partir de algún momento después del 4 de julio”, confirmó durante una conferencia de prensa después del G-20 desde Japón
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El director político de la Coalición Inmigrante de Florida (Flic), Thomas Kennedy, dijo que ese grupo de activistas en favor de los derechos de los inmigrantes colabora con la organización Southern Poverty Law Center (Splc) para demandar al Gobierno estatal por esta ley.
Comenzaron a trabajar en esta acción judicial, sobre la que no quiso adelantar detalles, al darse cuenta a mediados del pasado periodo legislativo de que los republicanos iban a aprobar una medida que haría inevitable una “batalla” en las cortes.
Para Splc se trata de una ley que viola la Cuarta Enmienda de la Constitución, que “prohíbe la captura sin razón” y anticipa “costosos litigios” a las autoridades locales por mantener detenidos a los inmigrantes sin orden judicial. Aunque entró en vigor ayer, la ley da tres meses de margen a las autoridades policiales para iniciar esta colaboración activa con ICE antes de comenzar a sancionar a las jurisdicciones que rechacen hacerlo.
No contestar a los agentes. Mientras se inicia la batalla judicial, grupos de defensa de los derechos civiles y de los inmigrantes continúan con su tarea de informar a los indocumentados de que, sea cual sea su estatus migratorio, tienen derechos constitucionales. Por ello, destacan que ningún policía debe preguntar sobre la situación migratoria de las personas y les recuerdan que pueden permanecer en silencio y no contestar a los agentes, pedir la asistencia de un abogado y negarse abrir la puerta de su casa.
| Datos
10 ciudades amenazadas: Miami, Nueva York, Houston, Chicago, Atlanta, Nueva Orleans, Denver, San Francisco, Baltimore y San Francisco.
$3,500 millones perderá la economía de Florida por la nueva ley, según New American Economy.
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Con todo, reconocen que hay “miedo” en la comunidad inmigrante en Florida. En ese miedo vive la inmigrante Nery L., que teme que por la SB 168 sus familiares y amigos sean “criminalizados cada vez que conducen al trabajo o llevan a sus hijos a la escuela”. “Hoy es un triste día de miedo para nosotros. Muchos funcionarios electos en Florida han dado la espalda a nuestra comunidad de inmigrantes al aprobar este proyecto de ley”, dijo.
Y es que iniciativas similares habían fracasado en años anteriores en el Legislativo de Florida, pero el apoyo firme del gobernador, Ron DeSantis, desde que llegó al cargo a inicios de año dio un impulso clave para la aprobación final de la medida.
