Francisco Pérez Mackenna, el canciller chileno, afirmó este jueves que la "cooperación frente a los desafíos globales que afectan a Chile y Perú se hace indispensable y urgente", en el marco de la tercera reunión del Comité Binacional de Cooperación Migratoria.
"Debemos aunar esfuerzos para luchar conjuntamente contra el crimen organizado transnacional, promover flujos migratorios ordenados, seguros y regulares, e impulsar también el desarrollo de nuestras economías y, muy importante, su capital humano, todas las áreas prioritarias en nuestro actuar internacional”, subrayó Pérez Mackenna.
El secretario de Estado chileno se reunió con su par de Perú, Hugo de Zela, para encabezar el espacio de diálogo político y técnico para enfrentar de manera coordinada la dinámica migratoria en la frontera común.
En el encuentro también participaron el subsecretario de Relaciones Exteriores de Chile, Patricio Torres, y el viceministro de Relaciones Exteriores de Perú, Félix Denegri, además de otras autoridades de ambos países.
Las autoridades, que dialogaron de forma virtual, reafirmaron la voluntad de tomar medidas eficaces para impedir el paso irregular de migrantes y combatir el crimen organizado transnacional, además de priorizar una mejora sustantiva del funcionamiento del complejo fronterizo Chacalluta-Santa Rosa.
Torres presentó detalles del Plan Escudo Fronterizo, una estrategia que contempla zanjas, muros de hasta cinco metros de alto y un mayor despliegue militar para contener la inmigración irregular en la frontera.
La migración se ha duplicado desde 2017 y actualmente representa más del 8% de la población, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que estima en más 330.000 los migrantes que están en situación irregular, mayormente venezolanos.
En total, cerca de un millón de ciudadanos venezolanos viven en Chile, la mayoría integrados en el país y con un aporte a los ingresos fiscales del 1,03%, equivalente al 0,15% del PIB nacional, según datos de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM).
Según cifras oficiales, los ingresos irregulares de personas han descendido un 54% con respecto a la crisis que se presentó cuatro años atrás.
