Washington. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, mostró este jueves el apoyo de la Administración del presidente Donald Trump al Gobierno de Bolivia tras la detención del fiscal general, Roger Mariaca, investigado por presuntos vínculos con el narcotráfico, y al que Washington le retiró la visa esta semana.
"La Administración Trump respalda firmemente al presidente y al Gobierno democráticamente electo de Bolivia en sus acciones audaces y decisivas para combatir el narcotráfico, la corrupción sistémica y el crimen organizado transnacional en Bolivia", escribió Rubio en su cuenta de X.
El jefe de la diplomacia estadounidense aseguró que "las acciones de Bolivia demuestran el tipo de liderazgo necesario para lograr un hemisferio más seguro, fuerte y próspero".
Rubio recordó que la semana pasada, durante la reunión de líderes del Escudo de las Américas, "Estados Unidos reafirmó explícitamente su compromiso inquebrantable de salvaguardar la gobernanza democrática y la seguridad en la región frente a la influencia desestabilizadora de las redes narcoterroristas armadas".
El mensaje del secretario de Estado se conoció poco después de que se supiera que el fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, había sido arrestado junto al fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos.
Ambos figuran entre los altos cargos bolivianos a los que el Gobierno de Trump revocó este lunes sus visados, junto con otros funcionarios de Bolivia, Colombia y Perú, a quienes Estados Unidos acusa de ser "corruptos" y de "socavar gobiernos elegidos democráticamente".
Bolivia es el país con más ciudadanos sancionados en una lista publicada por el Departamento de Estado en las que se mencionan trece cargos o excargos, entre ellos, Mariaca y Zeballos, el exministro de Justicia Iván Lima y el magistrado constitucional Israel Ramiro Campero.
El fiscal superior, Martín Daniel Irusta, la jueza anticorrucpión y de violencia contra la mujer, Albania Chane Caballero y el coronel de policía Frans William Cabrera son otros de los afectados.
La orden restringe el acceso a Estados Unidos a la mayoría de estos ciudadanos y de sus familiares directos en virtud de la sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad al considerar que "atentan contra un gobierno democráticamente elegido mediante actividades de corrupción o narcotráfico en la región".
