SAN SALVADOR.
El
Ministerio Público acusa a
Saca del delito de cohecho activo, cometido al supuestamente ofrecer $10,000 a una empleada de un tribunal civil en el que enfrenta un proceso por enriquecimiento ilícito por casi $4 millones.
Una corte de Instrucción de El Salvador prevé instalar hoy un juicio abreviado contra expresidente de El Salvador Elías Antonio Saca, acusado del delito de cohecho por supuestos sobornos en el sistema judicial, informó ayer un portavoz del Órgano Judicial.
El jefe de la Unidad de Comunicaciones del Centro Judicial Isidro Menéndez, Ulises Marinero, informó a periodistas de que el Juzgado Noveno de Instrucción de San Salvador “proyecta iniciar mañana” el juicio abreviado contra el expresidente Saca.
En junio pasado, Saca pactó con la Fiscalía General de la República (FGR) confesar el delito de cohecho a cambio de una pena de dos años de prisión en un proceso ligado a una supuesta red de sobornos en el sistema judicial.
“Se ha autorizado que se someta a un procedimiento abreviado”, dijo en su momento la fiscal asignada al caso.
La fuente señaló que el juez de la causa tendrá la decisión de sustituir la pena por trabajo social, dado que la legislación salvadoreña establece dicha posibilidad en condenas de tres años de cárcel o menores.
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millones debía pagar la esposa del expresidente, Ana Ligia de Saca, para someterse a juicio abreviado; su defensa dijo que no tiene el dinero.
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Esta es la segunda ocasión que Saca utiliza el recurso legal para evitar penas altas, dado que en septiembre de 2018 fue condenado a 10 años de prisión por desviar y lavar más de 300 millones de dólares del presupuesto estatal. El exmandatario, quien llegó al poder con la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), evitó así al menos 25 años de prisión por peculado y lavado de dinero.
Saca también es procesado por supuestamente participar en el lavado de 10 millones de dólares donados por Taiwán al Gobierno de su antecesor, el difunto Francisco Flores (1999-2004).
Una diputada de Arena, partido que expulsó a Saca, propuso a la Asamblea Legislativa el 15 de mayo bloquear este recurso legal en delitos relacionados con la corrupción. La propuesta de reforma legal fue presenta por la diputada Marcela Villatoro, quien señaló en un escrito a la Junta Directiva del Congreso que el uso de los procesos “abreviados” por funcionarios ligados a la corrupción ha generado en la población “indignación y pérdida de confianza”.
