Ciudad de México.
Este “plan no se puede ejecutar, no es aplicable, no existen las condiciones ni legales, ni políticas, ni económicas, ni sociales”, coincide Dolores Paris Pombo, coordinadora del observatorio de legislación y políticas migratorias del Colegio de la Frontera Norte.
En su cruzada contra los inmigrantes latinoamericanos, Donald Trump esgrime su más reciente estocada: quienes pidan asilo desde la frontera mexicano-estadounidense se quedarán en México durante su proceso. Una estrategia ilegal y peligrosa, según analistas.
“Nuestra firme política es atrapar y detener. No liberarlos en Estados Unidos”, lanzó el presidente estadounidense en noviembre tras la llegada de una multitudinaria caravana de migrantes centroamericanos a Tijuana, una fronteriza ciudad del noroeste de México.
Huyendo de la pobreza y violencia en sus países, esa ola de más de 6,000 centroamericanos -integrada mayoritariamente por familias con niños- viajó durante un mes desde Honduras hasta las puertas de Estados Unidos con la firme convicción de pasar.
En dos ocasiones intentaron embestir masivamente el muro fronterizo. Unos entraron a hurtadillas por el desierto y otros se inscribieron en una larguísima lista de espera para tramitar el asilo desde una garita fronteriza.
Actualmente, otras cuatro caravanas están en camino.
Acorralado, Trump desplegó miles de soldados en su frontera sur y sigue desenvainando artilugios antiinmigrantes -retóricos y prácticos- para repeler lo que calificó de “invasión”. El martes, Estados Unidos hizo efectivo su “Protocolo de Protección a Migrantes”, que obliga a los solicitantes de asilo que cruzaron ilegalmente la frontera sur a volver a México para esperar su audiencia con un juez estadounidense.
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Hasta ahora, los solicitantes de asilo podían esperar la cita estando en libertad en Estados Unidos, pero muchos de ellos se esfumaban en el país sin ver al juez.
Fuera de la ley. En una posición que muchos juzgan de sumisa, el Gobierno mexicano dijo que “no coincide con la medida unilateral”, pero accedió “por razones humanitarias y de manera temporal” a recibir a los extranjeros que expulse Estados Unidos, siempre que “hayan recibido un citatorio para presentarse ante un juez migratorio” estadounidense.
“Esta idea que vende Estados Unidos de que México es su sala de espera no es real”, estimó Javier Urbano, profesor investigador de estudios internacionales de la prestigiosa universidad Iberoamericana.
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El condado de San Diego, en California, aprobó el uso de una propiedad abandonada para abrir un albergue temporal para familias migrantes que buscan asilo político y quedan a la deriva tras la audiencia.
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El primer conejillo de indias de la criticada estrategia estadounidense fue Carlos Gómez, un hondureño de 55 años que llegó con la caravana en noviembre. Cruzó “cansado” de regreso a México el martes, portando una gorra y mochila azul, y fue conducido a un albergue fuera de Tijuana. (...) Aplicar este procedimiento “no solo es ilegal, sino que podría tener consecuencias nefastas y catastróficas”, advierte Katie Shepherd, abogada y activista del centro de reflexión American Immigration Council.
Migrantes en la frontera han sufrido “una amplia serie de daños, desde la imposibilidad de obtener vivienda y comida, hasta violaciones y asesinatos”, dice. Hacinados y durmiendo a la intemperie bajo las gélidas temperaturas de invierno, los migrantes de la primera caravana han vivido en condiciones extremadamente difíciles en Tijuana, una peligrosa ciudad con presencia de carteles narcotraficantes. AFP
