Miami
El futuro de miles de trabajadores indocumentados en el estado de Florida, Estados Unidos, pende ahora de un hilo por una ley migratoria recién aprobada.
La iniciativa impulsada por el gobernador republicano Ron DeSantis busca, entre otras cosas, impedir la contratación de personas indocumentadas. A partir del 1 de julio, las compañías de más de 25 empleados deberán comprobar en una base de datos federal el estatus legal de las personas a las que deseen emplear. Ignorar esa obligación y contratar a un extranjero en situación irregular conllevará multas cuantiosas.
Situación de hondureños
La nueva ley perjudicará también a muchos inmigrantes hondureños que viven en el estado de Florida. Según datos confirmados por el consulado hondureño en Miami, en ese estado viven 200,000 catrachos, de ese total unos 120,000 personas no tienen residencia, ciudadanía , visa o permiso de trabajo para vivir en ese país.
Solo 80,000 hondureños viven ahí en condición regular.
Ronny Frazier, líder comunitario hondureño en Miami, calificó la situación de la nueva ley como complicada y preocupante.
“Tomando en cuenta esas medidas de la nueva ley que entrará en vigencia a partir del próximo 1 de julio de este año, todo hondureño que no tenga su estatus regular y sea arrestado por la policía o en puntos migratorios será deportado”. Frazier añadió que ahora no será como antes que si algún hondureño era arrestado por manejar sin licencia solo se castigaba dándole un tickets o en otros casos se les capturaba por no andar documentos y se les daba una tregua o una cita a corte, sin embargo, eso ya no pasará después de que esta ley entre en vigencia.
El líder hondureño sugirió a las organizaciones y fundaciones hondureñas que se unan para hacer presión para que el gobernador DeSantis dé marcha atrás a esas políticas racistas. También Frazier recomendó a los hondureños que no tienen documentos, que se trasladen para estados como Oklahoma donde el gobernador ha creado leyes que protegen a inmigrantes e incluso le están otorgando licencias.
La ley también contempla que el hospital que atienda a ilegales será castigado con hasta 15 años de prisión. Además, habrá pena para quienes transporten personas en situación migratoria irregular desde otro estado a Florida.
Así opina
El gobernador Ron DeSantis defendió la ley migratoria como una medida necesaria para reducir la delincuencia provocada, según él, por la “enorme negligencia” de la administración Biden. Esta situación “ha afectado mucho a nuestro país y Florida está contraatacando”, declaró.
Las autoridades dejarán por otra parte de reconocer las licencias de conducir emitidas fuera del estado a migrantes que ingresaron al país de forma ilegal, además de prohibir la financiación de programas locales para otorgarles documentos de identidad.
En Florida, un estado de unos 22,2 millones de habitantes, viven 772,000 migrantes indocumentados, según una estimación del laboratorio de ideas Migration Policy Institute.
Muchos de ellos trabajan en sectores esenciales para la economía estatal como la agricultura, la construcción y la hostelería.
Según la oenegé Florida Policy Institute, la nueva ley podría generar pérdidas anuales de 12,600 millones de dólares para la economía del estado al reducir la mano de obra, los gastos de los migrantes indocumentados y los impuestos que pagan.
