Johel Zelaya llegó ayer al Congreso Nacional para defenderse de las acusaciones que lo mantienen suspendido como fiscal general; sin embargo, su primera comparecencia ante la comisión especial dejó más evasivas que respuestas.
Durante varias horas de audiencia, el funcionario no contestó con precisión varias preguntas de fondo sobre su actuación en la crisis electoral de 2025, el manejo de audios sensibles y la falta de acciones contra actores señalados. Además, protagonizó choques con varios diputados de la comisión.
Sentado solo frente a los nueve congresistas que integran la comisión, en el Salón de Retratos del Legislativo, Zelaya mostró un tono más confrontativo que técnico.
En lugar de desmontar con claridad los señalamientos, recurrió en varias ocasiones a fórmulas generales, trasladó responsabilidades a terceros y respondió con argumentos políticos y personales a interrogantes que exigían explicaciones puntuales.
Según expertos consultados , su intervención en este juicio político —inédito en Honduras— agravó su posición y lo mostró debilitado ante la comisión.
Uno de los puntos más delicados surgió cuando admitió que ordenó el secuestro de documentos del Consejo Nacional Electoral (CNE), decisión que forma parte del juicio político. “Claro que lo ordené, secuestrar documentos de interés”, afirmó.
También reconoció que Marlon Ochoa, consejero del CNE, le entregó la memoria USB con audios que luego dieron pie a actuaciones del Ministerio Público.
No obstante, al explicar el tratamiento técnico de ese material, no logró despejar dudas. Zelaya aceptó que no se juramentó a ningún perito, aunque insistió en que “los audios son reales”, sin detallar cómo llegó a esa conclusión ni cómo sostuvo su validez probatoria.
Respuestas evasivas
La conducta evasiva se evidenció cuando Kilvett Bertrand, diputado nacionalista, lo cuestionó sobre la ausencia de requerimiento fiscal contra Marlon Ochoa. Bertrand preguntó si no consideraba que se violentó la ley al no actuar contra el consejero. Zelaya evitó responder al fondo y se limitó a decir: “En ningún momento he infringido la ley”.
Más adelante, ante una nueva pregunta sobre si debió actuarse contra Ochoa por el retraso del calendario electoral, respondió: “La investigación está ahí”, sin explicar la falta de acciones concretas desde el Ministerio Público.
La misma dificultad se reflejó en intercambios con Francis Cabrera y Jorge Cálix, diputados liberales. Cabrera planteó por qué en un caso derivado de un audio sobre un supuesto complot contra el expresidente Manuel Zelaya hubo requerimiento fiscal en 10 días, mientras que en el caso “Chequesol” tardó alrededor de siete meses. Zelaya respondió que eran “contextos distintos”.
Cálix insistió: “En una sale gente de Libre, en la otra no”. El fiscal suspendido no logró desmontar la sospecha de trato desigual.
Choques sin explicaciones
La comparecencia subió de tono con Antonio Rivera Callejas, diputado nacionalista, quien cuestionó la legalidad de su nombramiento. Le preguntó por qué aceptó el cargo sin existir falta absoluta y si consideraba válido que la Comisión Permanente sustituyera al pleno del Congreso. Zelaya intentó desviar la respuesta con una contrapregunta, pero Rivera lo interrumpió: “Yo soy el que pregunto aquí”. El cruce escaló cuando Zelaya respondió: “Su hipocresía es grande”.
También tuvo un intercambio tenso con Luz Ernestina Mejía, diputada liberal, a quien respondió que estaba “mal informada”, lo que provocó que la legisladora pidiera respeto.
A lo largo de la jornada predominó una defensa con respuestas incompletas y tono confrontativo. Tras su intervención, siete testigos comparecieron y aportaron nuevos elementos sobre la gestión del fiscal suspendido, ampliando el alcance del juicio político.
Dato
Consecuencias legales
El caso tiene implicaciones políticas y penales. De los cinco delitos atribuidos a Zelaya, cuatro contemplan pena de prisión y uno implica inhabilitación.
Entre ellos figura el delito de descubrimiento y revelación de secretos por interceptación de telecomunicaciones, sancionado con uno a tres años de prisión (artículo 272 del Código Penal). También se le acusa de violación de los deberes de funcionario (artículo 499), que conlleva inhabilitación de tres a seis años.
Otros cargos incluyen coacción y amenaza electoral (artículo 542) y obstaculización del cronograma electoral (artículo 544), ambos con penas de cuatro a seis años de prisión. El delito más grave es traición a la patria (artículo 555), con penas de 15 a 20 años.
Zelaya insistió en que el juicio ya tiene un resultado definido. “Sé que la decisión ya está tomada, venir aquí es cuestión de protocolo”, afirmó. También apeló a su historia personal y a su rol en las elecciones: “Yo luché porque hubieran elecciones”.
El cierre mantuvo el tono político. Criticó al Partido Liberal y al Partido Nacional y advirtió consecuencias para quienes respaldan el proceso. Además, señaló que no sabía si comparecería ante el pleno del Congreso.
El juicio político inició el lunes 23 de marzo, cuando el Congreso admitió la denuncia con 93 votos y ordenó su suspensión provisional. Mientras dure el proceso, Marcio Cabañas, fiscal adjunto, asume de forma interina la titularidad del Ministerio Público.
La comisión especial tiene hasta 30 días para investigar, elaborar un informe y remitirlo al pleno, que decidirá si Zelaya es ratificado o destituido.
