Entre acusaciones de “justicia selectiva”, represalias laborales y decisiones arbitrarias, la comisión de juicio político del Congreso Nacional escuchó ayer una serie de testimonios que apuntan contra el fiscal general suspendido, Johel Zelaya.
Exfuncionarios electorales y fiscales del Ministerio Público coincidieron en señalar presuntas irregularidades en su gestión, en una jornada marcada por relatos que cuestionan la imparcialidad y el uso del poder dentro de la institución.
La comisión recibió declaraciones de varios testigos que formularon señalamientos contra Zelaya. Los testimonios iniciaron con exfuncionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE): Dennis Emilio Hércules Rosa y Raúl Amílcar Rivera Montoya, ambos procesados por el caso del transporte electoral de las primarias de 2025.
Hércules sostuvo que el requerimiento fiscal se presentó para “calmar las aguas” y denunció “justicia selectiva”, al afirmar que solo fueron acusados exempleados del CNE, sin incluir a miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras, entidad encargada de la custodia de las maletas electorales.
Rivera, por su parte, cuestionó la exposición pública de los imputados el 31 de marzo, durante una intervención televisiva de Johel Zelaya. “Todo mundo ya me conoce” y “soy administrativo, no operativo”, declaró, al insistir en que no tuvo responsabilidad directa como integrante de la Comisión Evaluadora en la distribución de las urnas.
El tercer testimonio fue el de Fabricio Perdomo, auxiliar fiscal de la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida (FEDCV), quien denunció un descenso de puesto injustificado y una rebaja salarial que calificó como “ilegal y abusiva”.
El cuarto señalamiento lo presentó Ricardo Núñez, con 24 años de trayectoria en el Ministerio Público, quien aseguró que Zelaya ordenó retirar el esquema de seguridad al exfiscal adjunto Daniel Sibrián Bueso (2018-2023), pese a la existencia de un expediente abierto y una evaluación de riesgo para él y su familia. Según su relato, explicó que Sibrián había sido incorporado al programa “a través de un procedimiento establecido en la ley”, sin que esto detuviera la decisión.
El quinto testimonio fue el de Antonio David Kattan, uno de los cuatro acusados de terrorismo por el supuesto asesinato del expresidente Manuel Zelaya. Relató que un fiscal le aseguró que no existían acusaciones debidamente sustentadas en su contra; sin embargo, indicó que el proceso avanzó por una disposición de alto mando.
Los últimos testimonios fueron los de las fiscales del Ministerio Público Jessica Matute y Claudia Paz.
La declaración de Jessica Ninoska Matute, fiscal del Ministerio Público, marcó uno de los momentos más impactantes en las audiencias de la Comisión Especial del Congreso Nacional que investiga al suspendido fiscal general, Johel Zelaya.
Entre pausas y lágrimas, aseguró que una decisión administrativa derivó —según su denuncia— en la muerte de su esposo. “Este caso expone una tragedia humana en el Ministerio Público, por supuesto abuso de autoridad del fiscal Zelaya”, expresó.
Visiblemente afectada, Matute relató una experiencia que, más allá del ámbito institucional, describió como un proceso de dolor profundo que aún carga. Su esposo, Santiago René Moncada Sauceda, fue fiscal durante 24 años y, de acuerdo con su testimonio, se distinguía por su compromiso en la unidad de extorsión del crimen organizado. Su carrera, dijo, cambió abruptamente tras un episodio ocurrido a inicios de 2023.
Durante una reunión encabezada por Zelaya, Moncada cuestionó la legalidad de su nombramiento como fiscal general. Días después, fue trasladado a La Mosquitia. “Fue por esa pregunta”, sostuvo Matute. A partir de entonces, narró, su salud comenzó a deteriorarse en medio de condiciones adversas, la distancia de su familia y una carga laboral que, según indicó, se volvió insostenible.
“Estaba enfermo, necesitaba atención... Pedimos que lo trajeran de regreso, pero nunca obtuvimos respuesta”, recordó. Pese a las gestiones realizadas, la familia asumió por su cuenta los costos y cuidados.
Meses después, ya en Tegucigalpa, Moncada murió tras ser atropellado cuando se dirigía a una cita médica. Ante los diputados, Matute fue contundente: “Mi esposo no recibió atención médica por culpa del fiscal general. Lo digo con dolor en mi alma”.
Paz declaró que fue suspendida de manera injusta, al ser sancionada de forma inmediata sin seguir el debido proceso, además de denunciar hostigamiento laboral.
