¿Qué pasará ahora con Johel Zelaya tras juicio político? Fátima Mena lo explica
Fátima Mena, exdiputada y actual asesora del Partido Liberal, detalló el procedimiento que deberá seguirse tras la comparecencia del fiscal general suspendido, Johel Zelaya
- Actualizado: 24 de marzo de 2026 a las 16:47 -
La exdiputada y actual asesora del Partido Liberal, Fátima Mena, explicó el procedimiento que deberá seguirse tras la comparecencia del fiscal general suspendido, Johel Zelaya, ante la comisión investigadora del Congreso Nacional, en el marco del juicio político en su contra.
Mena detalló que, desde el punto de vista legal y parlamentario, los diputados contaban inicialmente con tres opciones frente a este tipo de situaciones. La primera era la interpelación, que consiste en citar al funcionario para que brinde explicaciones; la segunda, la revisión de su conducta administrativa; y la tercera, el juicio político, siendo esta última la vía finalmente adoptada.
En ese sentido, la abogada señaló que la figura de la revisión administrativa ha sido cuestionada en el pasado, incluso generando sanciones internacionales contra el Estado de Honduras por su uso indebido. A raíz de esas experiencias, explicó, surgió la figura del juicio político como un mecanismo más claro y regulado, impulsado tras las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.
Sobre el procedimiento actual, indicó que el proceso inicia con la presentación de una denuncia ante la Secretaría del Congreso Nacional, la cual debe ser admitida por el pleno con una mayoría calificada. “La ley de juicio político establece este procedimiento mediante una denuncia que debe ser presentada ante la Secretaría y admitida por parte del Pleno. Esto requiere de 86 votos”, puntualizó.
Mena añadió que la denuncia debe estar fundamentada en causales específicas contempladas en la ley. En ese sentido, explicó que será el pleno del Congreso quien determine si el proceso continúa o no, una vez evaluados los argumentos presentados dentro del expediente.
Respecto a la audiencia ya celebrada, la exdiputada indicó que esta forma parte del derecho a defensa del funcionario señalado. “Dentro de las 48 horas se le debe dar o facilitar un espacio para que pueda declarar la persona enjuiciada”, señaló, destacando que este paso es obligatorio dentro del procedimiento.
Asimismo, recordó que la comisión investigadora cuenta con un plazo de hasta 30 días para emitir un informe final que será presentado ante el pleno del Congreso Nacional. Dicho informe contendrá una recomendación sobre si procede la destitución del funcionario o su absolución de responsabilidad.
La decisión final, según Mena, recae exclusivamente en el pleno del Legislativo, que deberá someter a votación el informe de la comisión.
“¿Quién decide? El Pleno. ¿Cuántos votos se necesitan? 86”, enfatizó, al subrayar que se requiere una mayoría calificada para cualquier resolución.
Finalmente, Mena destacó que el proceso debe desarrollarse respetando los derechos y garantías del implicado, conforme a lo establecido en la Constitución de la República. Consideró que, hasta el momento, el procedimiento se ha llevado a cabo dentro del marco legal, cumpliendo con los tiempos, plazos y requisitos establecidos.
