El antiguo Centro Penal de San Pedro Sula ya no existe. Sus muros fueron clausurados en octubre de 2017, cuando los últimos 791 privados de libertad fueron trasladados y el inmueble quedó listo para ser demolido, después de más de seis décadas de historia, hacinamiento, corrupción y sangre y muchísimas muertes crueles.
Diario LA PRENSA documentó entonces que el presidio, construido para unos 800 reos, llegó a albergar hasta 3,600 internos y era considerado una “bomba de tiempo” por su ubicación, su deterioro y la falta de control estatal.
Pero antes de que las paredes fueran derribadas, ese penal dejó una memoria oscura. Una de las voces que ahora vuelve sobre ese pasado es la de Paula Restrepo, colombiana y expareja del fallecido jefe paramilitar Carlos Castaño.
Carlos Castaño Gil (1965–2004) fue el máximo líder y rostro más visible de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la principal organización paramilitar de extrema derecha en el país.
Es una de las figuras más oscuras y controvertidas de la historia reciente de Colombia por su responsabilidad en numerosas masacres, asesinatos políticos y vínculos con el narcotráfico.
Ella, en su libro “Entre rejas y balas” reconstruye los años que pasó presa en Honduras por lavado de activos. Sin guardarse absolutamente nada, también ha contado todo lo que vivió mientras estuvo presa en el antiguo Centro Penal Sampedrano, la oscura cárcel de San Pedro Sula, de la que hoy queda solo un predio vacío, sin mayor utilidad.
Restrepo fue capturada el 26 de mayo de 2010 y, según ha relatado en entrevistas recientes en podcasts y Youtube, terminó recluida en el penal de San Pedro Sula, al que describe como una de las cárceles más violentas que conoció, por el delito de lavado de activos.
Ella, según contó, fue capturada en el aeropuerto de San Pedro Sula cuando intentaba trasladar hacia Colombia lo que creía que era una maleta con 250,000 dólares, luego, más adelante cuando estaba ante el juez, descubrió que era medio millón de dólares.
Ella fue contratada por unos ecuatorianos para mover el dinero junto a otras dos mujeres. Del dinero que trasladaba solo se reportaron ante las autoridades 157,000 dólares, el resto se lo repartieron los policías que la capturaron, contó.
En su testimonio asegura que allí la violencia no era una excepción, sino una forma de vida; y que la corrupción operaba como una economía paralela donde el dinero definía quién sobrevivía con miedo y quién podía comprar privilegios.
Según su relato, su perfil de extranjera, particularmente de colombiana y condenada por lavado de activos, la convirtió rápidamente en una fuente de cobro para quienes controlaban el penal.
Restrepo señala que dentro del recinto existían habitaciones privadas, conocidas como celdas “VIP”, equipadas con cama, televisor, aire acondicionado y nevera, cuyo costo podía rondar los 20,000 dólares.
El testimonio va más allá. La exreclusa afirma que algunos internos con capacidad económica podían pagar para salir durante el día a centros comerciales de San Pedro Sula, escoltados por policías vestidos de civil.
En su caso, asegura que las salidas al mall costaban unos 2,000 dólares, mientras otros reclusos de mayor perfil económico pagaban hasta 5,000 dólares por el mismo privilegio.
Restrepo también menciona "al entonces administrador/director penitenciario Hugo Hernández" como una figura clave en ese sistema de cobros y beneficios.
La cárcel funcionaba, según el relato de Restrepo, como una ciudad cercada: animales, puestos de comida, basura, aguas negras, venta de productos y una línea invisible que separaba el territorio de los custodios del territorio de los internos.
Para Restrepo, esa realidad tenía además niveles de estatus: quien pagaba podía obtener protección, comodidades y movimientos imposibles para el resto.
Pero los privilegios no borraban el terror. En el penal convivían pandilleros, reos comunes, extranjeros, armas, animales, niños de visita, gallos de pelea, "marranos" y jefes internos conocidos como “toros”.
Restrepo relata que esos líderes mandaban más que la autoridad formal y que las decisiones de vida o muerte se tomaban dentro de los mismos hogares carcelarios.
Entre los nombres que menciona están “Don B”, Mario Hernández y “Chepe Lora”, figuras que, según su narración, representaban distintas etapas del poder interno.
A uno lo recuerda como el jefe que manejaba el penal rodeado de armas; a otro, como un líder cruel; y a un tercero, como una especie de “rey justo” que impuso reglas internas y la puso a enseñar inglés a otros privados de libertad.
La violencia del penal sampedrano no es solo memoria personal. A lo largo de su historia registró que motines, incendios y enfrentamientos armados cobraron la vida de más de 200 personas en el antiguo presidio.
El 17 de mayo de 2004, un incendio dejó 107 privados de libertad muertos y 25 heridos; el 29 de marzo de 2012, otro enfrentamiento entre internos provocó un tiroteo e incendio con 13 muertos; y en marzo de 2015 una balacera de dos horas dejó tres fallecidos y 41 heridos, entre ellos policías militares.
En ese ambiente, Restrepo dice haber visto motines, cadáveres, ejecuciones y escenas que aún la persiguen. Una de las más crudas de su relato es la muerte de un interno cercano a ella, a quien asegura haber sostenido mientras agonizaba tras recibir varios disparos.
También describe decapitaciones, armas de grueso calibre, granadas y una convivencia diaria marcada por el olor, el hacinamiento y el miedo.
Tras el cierre del penal sampedrano durante el gobierno de Juan Orlando Hernández, Restrepo fue trasladada a la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social, en Támara.
Ella dice que Hernández, a quien calificó como narcotráficante, reformó el Código Penal, no pensando en beneficiarla a ella, sino a él mismo, porque "ya sabía lo que se le venía" de parte de Estados Unidos.
Allí, según su relato, pasó otra etapa de su condena y coincidió con mujeres vinculadas a casos de alto impacto público en Honduras, por ejemplo la famosa palillona Ilsa Vanessa Molina, presa por el saqueo en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
Molina fue la pareja sentimental de José Zelaya, exjefe de Compras del IHSS y uno de los principales cerebros detrás del saqueo a la institución, y una de las mejores amigas y "aliadas" que Restrepo cuenta que tuvo cuando estuvo en PNFAS. Destacó que la exmodelo era una mujer muy "lindísima", preparada e inteligente, pero "tonta para unas cosas", por las circunstancias por las que quedó tras las rejas.
Restrepo regresó finalmente a Medellín, Colombia, después de cumplir su condena. Ahora, con su libro, presenta su historia como una memoria personal, pero también como una denuncia sobre un sistema penitenciario donde el Estado perdió el control y donde, según su testimonio, la cárcel se convirtió en un mercado de privilegios para quienes podían pagarlos.
El viejo penal sampedrano fue demolido, pero el relato de Restrepo vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: cuánto de aquel infierno desapareció con los muros y cuánto sobrevivió como práctica dentro del sistema penitenciario hondureño.
