El Congreso Nacional avanza en procesos de juicio político contra al menos cuatro altos funcionarios del Estado, aunque hasta ahora solo uno cuenta con los votos necesarios para continuar con el procedimiento.
“Son cuatro denuncias de juicio político contra cuatro funcionarios”, aseguró Johana Bermúdez, vicepresidenta del Congreso Nacional, al referirse al alcance de estas acciones.
En la misma línea, Saraí Espinal, diputada del Partido Liberal, confirmó que existen cuatro procesos en análisis, pero aclaró que únicamente uno ha logrado el respaldo requerido para su trámite. “Sí, para cuatro funcionarios. Hasta el momento solo hay uno que ya cuenta con todos los votos para poderse realizar”, manifestó.
Sectores civiles han pedido públicamente la misma medida para Marlon Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), y Mario Morazán, magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).
También ha crecido la expectativa en torno a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, cuyo nombre ha sido mencionado en reiteradas ocasiones, aunque sin confirmación por parte de diputados.
Espinal indicó que ya existen denuncias contra algunos de estos funcionarios, pero aún no cuentan con los votos necesarios para avanzar en el proceso legislativo.
El primer caso en avanzar es el del fiscal general, Johel Antonio Zelaya Álvarez, cuya denuncia fue admitida por el pleno del Congreso con el voto favorable de 93 diputados. Tras esta decisión, el Legislativo conformó una comisión especial integrada por nueve diputados, encargada de conocer la denuncia e iniciar el proceso correspondiente.
La comisión citó al fiscal general para comparecer en el Salón de Retratos del Congreso, donde presentó sus argumentos ante los legisladores. (Se sugiere precisar o atribuir la afirmación “más dudas que respuestas” para evitar valoración sin fuente explícita).
Acciones investigativas
Fátima Mena, abogada y exdiputada del Congreso Nacional, explicó que la ley no establece de forma específica las acciones investigativas, por lo que estas quedan a discreción de la comisión. “La ley no lo establece; eso va a ser potestativo de la comisión. Puede ser inspecciones, llamar a testigos y para eso tienen 30 días”, indicó.
El pleno del Congreso Nacional deberá someter el informe a discusión, mientras que la Junta Directiva tendrá la obligación de permitirle al enjuiciado declarar por un tiempo máximo de cuatro horas y someter el informe a votación.
Posteriormente, el pleno decidirá el futuro de Zelaya: si lo destituye o lo ratifica en el cargo. En caso de destitución, el Congreso deberá designar a su sustituto como fiscal general.
