02/03/2024
01:02 PM

Xiomara Castro exige “libertad inmediata” para garífunas detenidos tras violento desalojo

Entre los detenidos figuran la coordinadora de Ofraneh en Punta Gorda, Melissa Martínez, Dorotea Arzú, Richard Armando Martínez, Abot Efrahin Sánchez, Keyden Tishany González y Augusto Moisés Dolmo.

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La presidenta de la República, Xiomara Castro, exigió en las últimas horas la “libertad inmediata” para los miembros de la comunidad garífuna de Punta Gorda (Islas de la Bahía), que fueron detenidos el lunes por la Policía Nacional durante un violento desalojo.

“He solicitado informe del violento desalojo ordenado judicialmente. No fui informada previo a ejecutar el desalojo”, reaccionó la mandataria hondureña en redes sociales.

Y añadió: “Los garífunas reclaman justicia por sus tierras ancestrales. Esto debe ir a juicio no a desalojo, que criminaliza derechos. Exijo libertad inmediata y respeto a los derechos humanos”.

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DETENCIÓN ARBITRARIA Y DESALOJO FORZADO

La comunidad garífuna (negra) de Honduras denunció ayer lunes un “desalojo forzado” de decenas de personas en la comunidad de Punta Gorda, en la isla de Roatán, en el Caribe del país, un hecho que dejó además seis detenidos.

La Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) indicó en Twitter que seis defensores del territorio ancestral fueron detenidos por las fuerzas de seguridad que “demostraron además de su racismo, la inclinación por la violencia”.

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Entre los detenidos figuran la coordinadora de Ofraneh en Punta Gorda, Melissa Martínez, Dorotea Arzú, Richard Armando Martínez, Abot Efrahin Sánchez, Keyden Tishany González y Augusto Moisés Dolmo.

“Libérenlos ya”, solicitó la Ofraneh, que indicó que la comunidad garífuna de Punta Gorda “carece de título comunitario” de propiedad. “Con la detención (de) seis defensores garífunas pretenden (el) Estado solventar la inexistencia de título comunitario, Punta Gorda es la única comunidad garífuna en Honduras que carece título”, añadió.

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La etnia negra lamentó que el Gobierno que preside Xiomara Castro “utiliza la violencia para acallar reclamos territoriales e incumple sentencias” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y “elude adherirse al Acuerdo de Escazú”.