La comunidad garífuna (negra) de Honduras denunció este lunes un “desalojo forzado” de decenas de personas en la comunidad de Punta Gorda, en la isla de Roatán, en el Caribe del país, un hecho que dejó además seis detenidos.
La Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) indicó en Twitter que seis defensores del territorio ancestral fueron detenidos por las fuerzas de seguridad que “demostraron además de su racismo, la inclinación por la violencia”.
Entre los detenidos figuran la coordinadora de Ofraneh en Punta Gorda, Melissa Martínez, Dorotea Arzú, Richard Armando Martínez, Abot Efrahin Sánchez, Keyden Tishany González y Augusto Moisés Dolmo.
“Libérenlos ya”, solicitó la Ofraneh, que indicó que la comunidad garífuna de Punta Gorda “carece de título comunitario” de propiedad.
“Con la detención (de) seis defensores garífunas pretende (el) Estado solventar la inexistencia de título comunitario, Punta Gorda es la única comunidad garífuna en Honduras que carece título”, añadió.
La etnia negra lamentó que el Gobierno que preside Xiomara Castro “utiliza la violencia para acallar reclamos territoriales” e “incumple sentencias” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y “elude adherirse al Acuerdo de Escazú”.
Territorio ancestral
Según apuntes históricos, los primeros negros llegaron a Honduras el 12 de abril de 1797, como esclavos traídos de la isla de San Vicente.
Entonces, se asentaron en la comunidad de Punta Gorda y luego se dispersaron a lo largo de toda la costa hasta constituir más de una treintena de pueblos garífunas.
Una docena de familias de la comunidad de Punta Gorda sufrieron un desalojo de manera violenta en 2011, cuando unos 60 policías los expulsaron de un terreno ocupado por ellos hace más de dos siglos, pero que una institución militar reclama.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) condenó “las agresiones y detención” de los seis integrantes de la comunidad garífuna en Punta Gorda en el marco de “desalojo forzado ejecutado por fuerzas policiales y militares en contravención a obligaciones de DDHH”.
“Hago un llamado urgente a las autoridades policiales y judiciales a poner en libertad a las personas detenidas y garantizar los DD. HH. de las comunidades garífunas”, señaló la representante de la Oacnudh, Isabel Albaladejo.
La directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), Erika Guevara Rosas, también condenó el desalojo violento, exigió la liberación de los detenidos y que “se respeten sus DD. HH.”.
“En el contexto del desalojo forzado de la comunidad en Punta Gorda, en territorio ancestral garífuna, se llevan a 6 personas detenidas, entre ellas a la defensora de #DDHH Melisa Martínez, coordinadora de @ofraneh”, señaló Guevara.
